La incipiente y frágil estabilidad del dólar es apenas la consecuencia de una recesión inducida.
Para frenar la inflación -desbocada al ritmo del tipo de cambio-, el camino que eligió el Gobierno fue forzar una disminución de los recursos ya escasos con una nueva retracción de la actividad económica.
Pero como si esa terapia de emergencia no fuese una pedagogía suficiente para comprender el desmadre general que el país viene padeciendo desde que desperdició la oportunidad de sostener superávits gemelos de la economía, la disputa social escaló en estos días a nuevo grado de virulencia.
El paro salvaje de los gremios aeronáuticos operó como la señal más evidente.
Artera, falaz e intempestiva, la huelga en los aeropuertos fue pergeñada para prepotear con saña a los usuarios del servicio.
Una alianza de sindicalistas alineados en el nuevo arreglo entre Hugo Moyano y Cristina Fernández eligió golpear de una manera que irrite a la sociedad en su conjunto.
Pablo Biró conduce una asociación de pilotos que cobra un salario promedio de 268 mil pesos y antes del conflicto ya había obtenido una actualización del 38,6 por ciento. Genaro Truco lidera otro sindicato de aviadores con sueldos de 250 mil pesos.
Y encolumnados en el reclamo de esos privilegiados del sistema, aparecieron también Ricardo Cirielli -un aliado del corrupto confeso Ricardo Jaime- y dos gremialistas con afiliados de menor poder adquisitivo: Edgardo Llano y Rubén Fernández.
La empresa a la que hostigaron es deficitaria. A todo lo que malgasta lo pagan los impuestos de los argentinos. Buena parte de esos financistas también habían comprado un boleto para viajar. A mayor contribución, peor castigo.
El paro de los aeronáuticos no fue la única señal hostil. El Gobierno abrió la discusión sobre el pago de un adicional único a fin de año para atenuar los efectos de la crisis. El bono quedó tironeado entre duras críticas.
Los sindicalistas que avanzaron con la propuesta fueron cascoteados por otros más confrontativos. Y desde el empresariado llovieron las objeciones con los argumentos opuestos.
No faltaron en la Casa Rosada las conjeturas conspirativas. En el macrismo tienden a ver los obstáculos que genera la crisis como una serie de acciones convergentes bajo un mismo signo político: el peronismo.
Describen entonces que el habitual cronograma de agitación de fin de año suele comenzar con el peronismo parlamentario obstruyendo el sanción del Presupuesto. Con el peronismo territorial de los gobernadores atrincherado tras las cortinas.
Explican que luego sobreviene el peronismo sindical recalentando la conflictividad social y el piquetero para transformar ese conflicto en calles sin control.
Añaden que hasta en la cresta del Poder Judicial, coexiste una mayoría de identidad justicialista que ahora se coaligó para aislar a las nuevas autoridades y presionar con fallos de alto impacto fiscal. Sobre dos sistemas especialmente sensibles: el previsional y el de distribución federal de impuestos.
Y lamentan que también el peronismo eclesiástico -cuya conducción estratégica atribuyen a Roma- haya resuelto activarse para colaborar con una profecía autocumplida de fuerte proyección política: promover el fracaso de las políticas en curso, para objetar su fracaso como argumento electoral.
Como toda tesis conspirativa -aunque le asistan algunas razones- esa perspectiva del oficialismo tiende a exculpar al Gobierno de sus responsabilidades en la crisis. Y a victimizarlo, también como argumento de proyección electoral.
Lo único que el macrismo tiene a su favor en esa disputa por el lugar de la víctima es que el calendario de agitación social de fin de año no ha sido una invención suya, sino una revelación de Cristina Fernández. Cuando era presidenta, sinceró la existencia de ese manual de desestabilización. No escrito, pero cumplido con rigor por los dirigentes de su partido.
Como también aquella denuncia de Cristina adolecía de exageración, el oficialismo actual intenta encauzar el fin de año en el camino de la disputa electoral.
Los gobernadores justicialistas buscarán concentrar sus reelecciones en el primer semestre. No tan cerca como para que les pegue el piso de la crisis, ni tan lejos como para que los afecte la falta de un candidato presidencial unificado.
En San Juan, el gobernador Sergio Uñac fijó fecha para el 2 de junio. Catamarca evalúa suspender las primarias para anticipar a marzo la elección local.
En esa estrategia andan también algunos de los referentes territoriales de Cambiemos.
En la provincia radical más importante, Alfredo Cornejo vacila ante la falta de un sucesor bien ubicado en las encuestas. El gobernador mendocino lidera todos los sondeos pero no puede ser reelecto. Y todos los dirigentes de Cambiemos que asoman la cabeza por encima del ligustro, son aliados, pero distantes de sus preferencias.
La Casa Rosada le pide a los suyos que acompañen a los distritos que votarán en octubre. No sólo por la reelección de Macri. También para revetir la composición del Parlamento. Cuenta con el aval de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y de Horacio Rodríguez Larreta en la capital más poblada del país.
Los radicales tienen su propio debate. Los apoyos del macrismo para consolidar sus distritos han sido más bien escasos. El Presidente privilegió la relación institucional con los gobernadores de la oposición, dueños de la llave para obtener mayoría en el Congreso.
En el radicalismo aún subyace una discusión irresuelta. Sus electores encontraron en Macri al dirigente moderado que su partido no pudo ofrecerle a la sociedad.
Sus dirigentes, en cambio, fungen todavía como un círculo de libres pensadores de tracción electoral restringida.
