El abogado Ricardo Monner Sans radicó hoy una denuncia en la Justicia federal para que se investigue el contrato que en 2013 firmaron las compañías Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Chevron, quienes "se han valido de empresas off-shore" en el convenio.
El titular de la Asociación Civil Anticorrupción planteó que el contrato para que la petrolera extranjera explote el yacimiento neuquino de Vaca Muerta incluyó un decreto de la entonces a presidenta Cristina Fernández "de libre acceso a dólares estadounidenses a favor de Chevron".
También subrayó que en el contrato figuraría "evidencia de una triangulación en países extranjeros bajo la conocida manera de empresas 'offshore' que permiten evadir impuestos y 'preservar' a Chevron de reclamos indemnizatorios", como el que afrontó en Ecuador por contaminación ambiental.
La denuncia lleva el número 15151/2016 en la Cámara Federal y recayó por sorteo en el juzgado federal número 12, de Sergio Torres, con intervención de la fiscalía federal número uno, de Jorge Di Lello. La semana pasada el diputado nacional Rubén Giustiniani (PS), que inició un pedido de acceso a la información pública y por orden de la Corte Suprema obtuvo una copia del contrato YPF-Chevron, hasta entonces secreto, reveló que había "un entramado de empresas offshore" que buscaba "opacar el proceso".
El legislador del socialismo santafesino señaló además que el texto "está en idioma inglés y se rige bajo las leyes de Nueva York y ante un diferendo va a actuar un Tribunal Arbitral que es la Corte de Comercio de París".
"Ya sabemos lo que sucede cuando se entrega soberanía: lo padecimos con los fondos buitre recientemente", acotó Giustiniani apuntó "en principio lo que vemos es que el contrato es un entramado de empresas offshore, que apuntan a licuar responsabilidades y opacar el proceso".
Y, remarcó que "esta maraña de sociedades offshore licua las responsabilidades y hace muy oscuro todo el proceso y nosotros necesitamos que el proceso sea transparente, sobre todo cuando hablamos del petróleo y el gas, porque esto después se traduce en tarifas y precios de los servicios".
El diputado destacó la obtención de la copia del contrato como "un triunfo del derecho al acceso a la información" para poder mostrarlo "a la sociedad y exhibir la necesidad de una análisis detallado para que una concesión dada de manera directa por 35 años no sea lesiva a los intereses nacionales".
Giustiniani dijo que entregará una copia al Congreso de la Nación, otra a la Auditoria General de la Nación y otra en la Defensoría del Pueblo de la Nación y convocará a una comisión de especialistas para que analicen "la letra chica" del contrato.
Fuente: DyN
