La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada y giró en revisión al Senado el proyecto que aumenta en forma progresiva las alícuotas del impuesto de Bienes Personales para propiedades superiores a los dos millones de pesos, pero exceptuó de ese gravamen a los bienes rurales, como solicitaron las distintas entidades de productores agropecuarios.
Además, sancionó y giró al Senado los proyectos de consenso fiscal, denominado "Adenda", acordado con 19 gobernadores; la modificación de la ley de revalúo contable de las ganancias empresariales, y sobre la creación del monotributo social para tabacaleros y cañeros. El plenario legislativo aprobó con 130 votos, contra 38 y 8 abstenciones los cambios introducidos en la ley de Bienes Personales, por lo cual todos los ciudadanos que tengan bienes superiores a los 2 millones de pesos deberán pagar por el excedente a ese valor.
Durante la discusión del dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, anunció los cambios al dictamen para excluir a los productores agropecuarios, ya que se había establecido una alícuota única de 0,25% para todos los bienes del sector agropecuario.
El proyecto sancionado establece que se cobrará una alícuota progresiva del 0,25 al 0,75% sobre el excedente de los bienes que superen los 2 millones de pesos, que es el nuevo mínimo no imponible para calcular este tributo.
De acuerdo a esa escala, se pagará el 0,25% hasta cinco millones cuando el excedente supere los dos millones de pesos. La alícuota del 0,50 se aplicará sobre los bienes que excedan los 5 millones y hasta 10 millones de pesos. En tanto, cuando los bienes superen los 20 millones, la tasa será del 0,75%.
La sanción de este tributo fue el que recibió menos votos de todo el paquete económico, ya que fue aprobado solo por el oficialismo y algunos peronistas, mientras que fue rechazado por el massismo, los puntanos de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, y Red Argentina, interbloque de ex massistas y Movimiento Evita, y la izquierda.
Por otro lado, el plenario legislativo aprobó con 140 votos a favor, 23 en contra y 22 abstenciones la Adenda Fiscal, que reforma el pacto firmado en diciembre del 2017 debido a las complicaciones económicas surgidas en los últimos meses. A través de la Adenda, los gobernadores se comprometen en primer lugar a derogar exenciones totales o parciales del impuesto a las Ganancias para funcionarios y empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, así como exenciones sobre actividades de ahorro, de crédito y financieras.
Por otro lado, el plenario legislativo aprobó por 139 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones un proyecto que reforma la ley de revalúo contable de las ganancias de las empresas, donde se permitía computar la inflación en los balances del 2018, a fin de evitar una caída de la recaudación. El dictamen de mayoría fija que sólo se podrá aplicar si la inflación supera el 55% este año, el 30% en 2019 y el 15% en 2020.
De acuerdo a la ley votada en diciembre del 2017, las empresas podían ajustar por única vez sus balances cuando el índice de precios internos al por mayor superara el 100% en tres años -hasta 2020-, o cuando en cada período se superara el 33% anual, y esto ya sucedió en septiembre de este año. Los diputados decidieron impulsar esta reforma para evitar que las arcas públicas de la Nación y las provincias tengan una rebaja de casi el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las Ganancias
