"Es un perjuicio al patrimonio de los consumidores". Con ese argumento, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció este lunes al secretario de Energía, Javier Iguacel, e interpuso una acción de amparo para frenar el cobro extra a los usuarios de gas.
Marijuan interpretó que Iguacel cometió el delito de "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" al oficializar la Resolución 20/2018, publicada la semana pasada en Boletín Oficial.
Con esa decisión, Iguacel resolvió que los usuarios de gas natural por red paguen en 24 cuotas y de forma retroactiva al 1 de abril una compensación para las empresas productoras de gas a raíz de la devaluación del peso cuando las tarifas están dolarizadas.
Las cuotas, que encarecerán fuertemente las facturas que cada hogar, comercio e industria recibe en forma mensual o bimestral, deberían ser abonadas a partir de enero de 2019, según la decisión oficial que ahora está judicializada.
En paralelo, la oposición al Gobierno se unirá esta semana en el Congreso para impulsar una sesión especial con el objetivo de rechazar la "compensación" impulsada por el secretario de Energía, Javier Iguacel, a las empresas productoras de gas.
El Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el bloque Justicialista definirán entre el lunes y el martes una estrategia, aunque legisladores de estos espacios reconocieron a ViaPaís que evalúan pedir una sesión especial esta misma semana.
La denuncia de Marijuan recayó ante la jueza María Servini de Cubría. En la presentación el fiscal pidió una medida cautelar para suspender ese "pago extra" que el Gobierno le exige a los usuarios, que deberían -si la medida se cumple- abonar 10.000 millones de pesos.
La resolución contempla un mecanismo de recupero de las diferencias diarias acumuladas correspondientes al período 1 de abril al 30 de septiembre, autorizando a las empresas distribuidoras del servicio de gas al cobro de cuotas durante el lapso de dos años a partir del 1 de enero de 2019.
Si bien la autorización oficial apunta a que sean las distribuidoras las responsables de realizar el cobro de las 24 cuotas, las beneficiarias finales de ese dinero serán las empresas productoras de gas.
Para el fiscal, la resolución 20/2018 dictada por Iguacel la semana pasada provoca "un perjuicio al patrimonio de los consumidores".
"De esta manera, mediante el dictado de la resolución se genera una compensación a favor de las empresas contratistas y productoras del servicio de gas incrementado el costo mensual del servicio a usuarios y consumidores", dijo el fiscal.
En la denuncia hecha por Marijuan, se requirió el dictado de una medida cautelar para suspender el aumento ya que provoca un "perjuicio económico a los usuarios".
Como medida de prueba, el fiscal sugirió requerir toda la documentación en torno al dictado de la resolución que habilitó los aumentos de gas así como citar a declarar al director de jurídicos de la secretaría de Energía.
