Luego de que se dieran a conocer las detenciones y los pedidos de indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner y al exministro de Planificación Julio De Vido y a otros exfuncionarios y empresarios por el caso del cobro de coimas a empresas constructoras y energéticas, en el Gobierno se preguntan qué van a hacer con las obras que están en curso, a cargo de las empresas involucradas.
De acuerdo al registro de constructores, que depende del Ministerio del Interior, están contempladas tres circunstancias: una condena judicial (como pasó con Odebrecht, donde las obras quedaron suspendidas por un año); una "rescisión culposa del contratista" por parte del Estado; una denuncia penal del Poder Ejecutivo contra una empresa contratista.
Tomando en cuenta la última opción, se podría llevar a cabo la salida de Electronigeniería de las represas Cepernic y Néstor Kirchner en el caso de que el ministro de Energía, Javier Iguacel , o algún funcionario de ese área hicieran la denuncia pertinente. Por otra parte, lo mismo se daría si el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , hiciera lo propio con Iecsa, empresa responsable del soterramiento del Sarmiento.
Gerardo Ferreyra y Luis Neira, empresarios de Electroingeniería, al igual que Héctor Sánchez Caballero, de la ex-Iecsa, fueron detenidos por orden del juez federal Claudio Bonadio, acusado de pagar coimas a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.
Según fuentes oficiales, "en estos casos, en donde hay procesamientos, hay que esperar la condena judicial para tomar cartas en el asunto".
