El Gobierno planea avanzar en una política migratoria más dura. El tema forma parte de la agenda de la mesa que se desprendió del "Gabinete Nacional del Programa Siria", creado por el Presidente a través de un decreto.
En ese marco, los ministros y representantes de las áreas que articulan la recepción de los refugiados sirios, también analizan alternativas para dar una respuesta a una situación que, admiten en el Gobierno, preocupa: el desembarco de inmigrantes con prontuario delictivo intenso en sus países.
"Estamos recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que revisar. Cuando estás recibiendo gente que ya de por sí tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un migrante: es eventualmente alguien que está escapando de la ley, o alguien con estado de inmigración que al mismo tiempo delinque", dijo la canciller Susana Malcorra en diálogo con Clarín.
En efecto, en el Gobierno no dudan que hay que tomar medidas. Aunque sí existen diferencias respecto a cómo implementarlas. Hay quienes creen que se debe hacer a través un proyecto de ley o un decreto, otros que entienden que alcanza con aplicar con firmeza la legislación vigente, ya que el inciso C del artículo 29 de la ley 25.871, de Migraciones, fija como impedimento para el ingreso y permanencia a aquel extranjero que haya sido "condenado" o tenga "antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas" o por "un delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más".
