Si hasta hace una semana la campaña electoral transitaba entre el aburrimiento y la previsibilidad, los hechos de los últimos siete días se encargaron de revertir ese estado y hacer que los comicios de hoy lleguen cubiertos de preocupaciones e incertidumbres. No quizás por los resultados que arrojen, ya que no se esperan corrimientos importantes de los números que se venían pronosticando, pero sí por las derivaciones que tendrán aquellos hechos después de la elección.
No hay dudas de que, para la coyuntura, el mayor impacto lo produjo la aparición el martes en el río Chubut del cuerpo de Santiago Maldonado. Se lo buscaba desde el 1 de agosto, día en que se produjeron los incidentes entre efectivos de Gendarmería y un grupo de mapuches que cortaban la ruta 40. Los detalles del caso han sido difundidos con amplitud, aunque también con intencionalidades diferentes según las ópticas ideológicas, políticas y hasta electorales de cada uno.
Si lo despojamos de connotaciones conspirativas, cuyas teorías fueron y son elaboradas por gran parte de la dirigencia de oficialismo y oposición, el hallazgo provocó un fuerte pesar social. Advertidos de ese sentimiento y de la repugnancia que causaba la utilización política del caso, tanto Cambiemos como la kirchnerista Unidad Ciudadana, Sergio Massa y Florencio Randazzo, decidieron suspender a nivel nacional los últimos actos públicos de sus campañas.
El Gobierno lo vivió con especial preocupación, porque ya tenía -y tiene- sobre sus espaldas las críticas por el mal manejo del caso que hizo desde un comienzo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a lo que se agregaron los exabruptos públicos de Elisa Carrió. El Presidente decidió salir de la indiferencia, le pidió a la diputada y a todos sus funcionarios que se llamaran a silencio, bajó la campaña y quedó a la espera de las definiciones de los peritos sobre el cadáver.
Las consecuencias
El nerviosismo fue inocultable en el Gobierno. No es un dato menor saber cómo murió Maldonado, y la palabra del juez el viernes por la noche revelando que el cuerpo no tenía lesiones, trajo algo de tranquilidad. Eso descarta una acción directa de los gendarmes y desvirtúa el concepto de desaparición forzada con el que se responsabiliza al Estado.
Aunque haya cambiado el escenario, en la Casa Rosada sienten que el caso Maldonado, visiblemente agitado por el kirchnerismo, fue y será un factor perjudicial para la imagen del Gobierno. Al menos un par de ministros admiten en privado que el propio Presidente cometió un error en los orígenes del caso al no llamar o reunirse entonces con la familia del joven desaparecido. Cuando lo hizo, fue tarde y lo trataron de hipócrita.
Los prejuicios y perjuicios políticos también se proyectarán de ahora en más con las decisiones que deberán adoptarse en relación a la presencia en el sur de la Resistencia Ancestral Mapuche, la organización que hace de la violencia una herramienta para reivindicar derechos indígenas. Una de las obligaciones del poder político que administra el Estado, es mantener la integridad del territorio. La RAM ocupa tierras de manera ilegal y se avecina un conflicto del que Macri, el Congreso y la Justicia no podrán desentenderse.
Desde el Gobierno advierten una conspiración más amplia que no terminará con los resultados de la elección. Están convencidos de que Cristina Fernández seguirá utilizando su capacidad de daño, desde hoy mismo, denunciando un gigantesco fraude si es derrotada en las urnas, y hasta movilizando grupos violentos.
Por fuera del caso Maldonado, los otros picos de tensión durante la semana preelectoral se vivieron en el ámbito judicial. Las causas por corrupción contra exfuncionarios kirchneristas tuvieron un avance vertiginoso y esto también condicionará el futuro de Cristina y de la política en general.
Se acabó
La más importante de las decisiones provino de la Cámara Federal, que le ordenó al juez Luis Rodríguez que pida el desafuero y la detención del exministro de Planificación, Julio De Vido, por presuntos y millonarios negociados con Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio. Ahora distanciado de Cristina, la situación se agravó para De Vido el jueves, cuando el juez Claudio Bonadio agregó otro pedido de desafuero y detención, por irregularidades en las contrataciones de buques con gas licuado.
En paralelo y por la misma causa, fue detenido ese mismo día Roberto Baratta, exsecretario de Coordinación y hombre clave en el entorno de De Vido. Se presume que entre 2008 y 2015 fueron desviados 6.900 millones de dólares.
El oficialismo en la Cámara de Diputados afirma que no tendrá inconvenientes en reunir los dos tercios de los votos para quitarle los fueros y permitir que De Vido vaya preso. Tienen la promesa de legisladores peronistas –y también varios integrantes del bloque kirchnerista- de apoyar el pedido. Eso siempre y cuando el exministro no renuncie antes.
Con buena parte de los integrantes del gobierno de Cristina en la cárcel, y sufriendo una derrota en la provincia de Buenos Aires, la expresidenta quedaría en una debilidad política impensada para ella, que también afronta causas graves. Para agregarle infortunios, un juez en lo Contencioso Administrativo avaló que la Procuradora Alejandra Gils Carbó podría ser echada sin el mecanismo del juicio político.
El Gobierno aseguró que la jefa de los fiscales, de reconocida filiación kirchnerista, no será removida por un decreto sino que se hará por la vía del Congreso. Eso indica que ya hay un acuerdo en marcha con la oposición peronista, que alumbrará apenas pasada la competencia electoral.
