Centenares de personas del ámbito académico, del espectáculo, del deporte, de la cultura y del periodismo y militantes feministas firmaron el fin de semana pasado una solicitada para pedir la "urgente" aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
El 1º de diciembre, en el Congreso, Alberto Fernández anunció entonces que mandaría un proyecto suyo "dentro de los próximos diez días". Pero la iniciativa nunca fue enviada y tampoco, a dos meses de que termine el año parlamentario, es seguro que estén los votos suficientes para que sea un final feliz para los verdes.
Está claro que la pandemia, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció oficialmente 10 días después de aquel discurso del Presidente, alteró todos los planes gubernamentales.
Sin embargo, la agenda legislativa del Gobierno, aunque lentamente, siguió su curso, pero sin que la legalización del aborto sea, por ahora, un asunto prioritario para el jefe de Estado, como sí lo es para las bases.
Las organizaciones de mujeres han decidido redoblar la presión a 60 días de que finalice el período ordinario de sesiones, con lo cual parece improbable que el debate sobre este asunto tan delicado vaya a consumarse este año.
Pesa, además, el hecho de que un asunto de esta complejidad y de esta conflictividad, que divide a la sociedad y, por ende, a los legisladores nacionales, sin perjuicio del espacio político en que estén enrolados, difícilmente pueda debatirse por internet.
Según pudo saber Vía País, ni siquiera en el oficialismo, que defiende las sesiones remotas contra las objeciones permanentes de Juntos por el Cambio (JPC), el principal espacio opositor, consideran que el aborto legal deba ser discutido a distancia y a través de computadoras.
A propósito, los diputados de JPC le han pedido por nota al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, que según el último acuerdo político para continuar sesionando de manera remota, firmado por todos los bloques, se activen las sesiones presenciales para debatir el Presupuesto 2021 y el impuesto a la riqueza.
Justamente en estas dos iniciativas —la primera, enviada por el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la segunda, presentada por Carlos Heller y Máximo Kirchner, con apoyo explícito del Presidente— se deposita toda la atención del Gobierno.
Además, el oficialismo debe aumentar sus esfuerzos en Diputados para lograr sacar a flote la ley de reforma de los tribunales federales, la piedra basal de la reforma judicial, que ya tiene la media sanción del Senado pero el rechazo anticipado de casi toda la oposición, sin cuyo respaldo es imposible la sanción definitiva.
En este contexto, para la Casa Rosada la legalización del aborto hoy por hoy está en un segundo plano absoluto.
Además, en relación con la forma de debatir y votar leyes, aún no está claro dónde se va a sesionar de manera presencial —después de seis meses haciéndolo de manera remota—, porque la cantidad de diputados presentes superaría al aforo sugerido por la dirección médica de la Cámara de Diputados para el recinto: 45 diputados. Y se supone que para el Presupuesto y el impuesto a la riqueza deberían participar muchos más: sólo JPC triplica el límite recomendado por la Cámara que preside Sergio Massa.
Se menciona al Microestadio Cubierto Malvinas Argentinas, al Centro Cultural Kirchner (CCK) y al Movistar Arena, todos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Pero todavía no está definido.
Esa indefinición impacta directamente sobre la manera en que se producirán esos debates y, por ende, también sobre la discusión del aborto legal este año, siempre y cuando el Gobierno decida finalmente presentar el proyecto.
Qué dicen los diputados
En el oficialismo, según pudo saber Vía País, admiten que "no sabe si va a ingresar el proyecto este año" y que, sobre todo debido a las circunstancias sanitarias y a que el año parlamentario está a dos meses de finalizar, por ahora "solamente hay manifestaciones de deseo" de que eso ocurra.
La vicepresidenta del bloque Frente de Todos (FDT), Cecilia Moreau, afirmó en declaraciones radiales que los diputados que apoyan el proyecto quisieran que se trate antes de fin de año, porque muchas mujeres siguen muriendo como consecuencia de abortos clandestinos.
En el FDT señalan que el Gobierno pretende presentar con un proyecto con una fuerte impronta sanitaria y que, para defenderlo, el Ministerio de Salud debería estar más disponible que en estas circunstancias, en que se encuentra dedicado exclusivamente a la pandemia de Covid-19.
Esa es otra de las razones que explican, además de la pesada agenda legislativa ya en trámite parlamentario, por qué el Gobierno aún no inaugura el debate sobre la ley de IVE.
Solicitada y números
En Diputados el panorama parece alentador para los verdes: a favor del aborto legal están 117 diputados, aunque deben contarse 116 porque el massista José de Mendiguren está de licencia. Es decir que para asegurarse la media sanción deberían conseguir tan solo 13 voluntades, porque 129 es la mitad más uno de los integrantes del cuerpo.
En contra están 101 diputados y 39 se ubican como indefinidos, porque siguen evaluando qué posición tomar o porque ya tienen una posición tomada y todavía no la han hecho pública.
El "poroteo", realizado por este medio, toma únicamente la información de aquellos diputados que ya expresaron abiertamente su postura sobre este asunto. Lo mismo con la Cámara de Senadores, donde el escenario es más finito y favorable a los celestes.
En la Cámara Alta se cuentan 32 senadores a favor y 36 en contra, aunque deben contarse 35 porque, al igual que De Mendiguren, el oficialista tucumano José Alperovich está de licencia.
Los cuatro indefinidos son la neuquina Lucila Crexell (en 2018 se abstuvo de votar y presentó un proyecto alternativo), el entrerriano Edgardo Kueider, el santafesino Roberto Mirabella y la entrerriana Stella Maris Olalla.
Hoy por hoy, el oficialismo debería conseguir el voto favorable de los cuatro indefinidos y que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, desempate, en cuyo caso lo haría a favor, porque siendo senadora apoyó la ley en 2018.
De todas maneras, siempre juegan, a favor o en contra, las posibles ausencias y las abstenciones. Es decir, la política.
Un pedido firme
El texto firmado y publicado el fin de semana en los diarios Tiempo Argentino y Perfil insta "al Gobierno y a legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas a acordar la aprobación de la Ley de IVE de manera urgente". Y resalta que en la Argentina se realizan "aproximadamente 54 abortos por hora".
"Según las últimas estadísticas oficiales, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos en un solo año", dice la solicitada y agrega esos datos al señalar que "el 16% tenía entre 10 y 19 años" y que esta "es apenas una fracción del total de personas gestantes afectadas".
La primera firma de la solicitada es la de Belén, una joven que estuvo tres años presa por una aborto espontáneo en Tucumán. Otras firmas: Nelly Minyersky, el Indio Solari, Pedro Cahn, Lucrecia Martel, Nacho Levy, Claudia Piñeiro, Beatriz Sarlo, Natalia Oreiro, Marcelo Tinelli, Marta Minujin, Fito Páez María O'Donnell, Elizabeth Vernaci, Lali Espósito, Martha Rosemberg, María Laura Santillán, Narda Lepes, Paulina Cocina, Rita Segato, Dolores Fonzi, y Jorge Fontevecchia La solicitada se publicó un día antes del Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del aborto en América Latina y el Caribe, 28 de septiembre.
El Gobierno "asumió el compromiso público de enviar un proyecto al Congreso y el presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito aún tiene estado parlamentario", remarca el texto.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
