La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ratificó hoy que no renunciará a su cargo, al advertir no va a ceder "a las presiones que se están ejerciendo" sobre ella "desde que asumió el Gobierno", y sostuvo que echarla por decreto "sería un acto que nos colocaría por fuera del Estado de derecho".
Así, Gils Carbó se defendió nuevamente de la acusación por supuestas irregularidades en la compra de un edificio de la Procuración, y dijo que este es uno de los "distintos intentos" del Gobierno por "controlar el Ministerio Público Fiscal".
"Cualquier juez o fiscal que realiza un acto que no agrada a ciertos sectores de poder, lo tildan de Justicia Legítima o de kirchnerista. En estos cinco años de procuradora no encontraron ni un fiscal que pueda decir que yo le mandé a hacer esto o no hacer lo otro y vaya si lo han buscado, porque es su caballito de batalla", afirmó.
Aunque el ministro de Justicia, Germán Garavano, negó la posibilidad de que Gils Carbó sea echada por decreto, la funcionaria consideró que hacerlo sería "una abierta violación de la Constitución y a la división de poderes del Estado y produciría una concentración de poder y una inestablidad institucional que nos dejaría fuera del Estado de derecho".
Por otra parte, en cuanto al pedido de indagatoria realizado por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien consideró que hubo delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias en la compra de un edificio de la Procuración, Gils Carbó destacó que ella "tenía la facultad de hacer una compra directa", aunque hizo una licitación a la que "se presentaron cinco proyectos y ganó el que ofertó el mejor precio. El expediente de la compra es impecable".
"(El presidente Mauricio) Macri ha manifestado que quería poner en la Procuración una persona de su confianza, algo que significa desconocer la división de poderes, algo que significa producir una concentración del poder en un gobierno que tendría el control y el dominio del Poder Judicial", subrayó.
