Dos años después del fallido proceso de independencia catalán, el Tribunal Supremo español condenó a 13 años de cárcel al exvicepresidente de la comunidad autónoma de Cataluña, Oriol Junqueras, y otros a otros ocho procesados como culpables de sedición y malversación.
El fallo dividió a los dirigentes políticos y a la ciudadanía, con reacciones que van desde la denuncia de una sanción "injusta" y "cruel" efectuada por los independentistas y la izquierda hasta el respeto del Gobierno a la decisión judicial y el aplauso de la extrema derecha por el castigo dictado por los jueces.
Además de Junqueras, tres antiguos consejeros del gobierno autónomo catalán fueron condenados a 12 años de cárcel por sedición y malversación: Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; mientras que sus compañeros Joaquim Forn y Josep Turull tendrán que cumplir 10 años por sedición.
La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcdell, fue condenada a una pena de 11 años y 6 meses, en tanto que los líderes de asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fueron condenados a 9 años de prisión.
Los nueve condenados cumplen prisión preventiva y quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos mientras dure su condena. Otros tres procesados que estaban en libertad condicional fueron absueltos del delito de malversación y no irán a la cárcel.