El experto informático Javier Smaldone fue demorado este martes durante diez horas tras un allanamiento a su vivienda de la ciudad de Buenos Aires por "averiguación de antecedentes" en una causa en la que se investiga la filtración de información sensible de la Policía Federal y la Prefectura Naval Argentina a través de un hackeo sin precedentes en el país.
La demora del experto en ciberseguridad se inició a las 8:00 de la mañana y su liberación se registró a las 17:00. Esto fue confirmado a Vía País por dos fuentes del ministerio de Seguridad y una fuente judicial, las que señalaron que el motivo el trámite responde a la causa que está siendo investigada por el juzgado federal número 9, a cargo del magistrado Luis Rodríguez.
Con una orden de Rodríguez, efectivos de la Policía Federal Argentina allanaron en la mañana y durante cinco horas la casa de Smaldone. Al finalizar el operativo trasladaron al técnico informático a la sección Delitos de Tecnología, ubicada en el primer piso de la calle Cavia 3350, donde estuvo alojado durante otras cinco horas.
Fuentes judiciales dijeron a este medio que la "demora" de Smaldone fue por "averiguación de antecedentes". Al técnico informático se le secuestró el teléfono celular y una computadora personal, además de documentación.
Las fuentes consultadas por este medio indicaron que la decisión de allanar a Smaldone se tomó por sospechas de alguna conexión con el operativo "LaGorraleaks2.0", por el que personas hasta ahora no identificadas burlaron sistema de seguridad, se apropiaron de 700 gigas de información de la Policía y la Prefectura y lo divulgaron entre periodistas y abogados.
“La averiguación es porque Smaldone retuiteó (compartió en su cuenta de la red social Twitter) la inflación publicada por LaGorraleaks2.0”, señalaron las fuentes. En esa red social el técnico informático era conocido como @mis2centavos, aunque su cuenta fue dada de baja por Twitter INC por denuncias y reportes de usuarios que le cuestionaban sus denuncias contra el Gobierno.
El tema Smartmatic Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, dijo que "Smaldone no tiene nada que vez con el hackeo a las fuerzas de seguridad" y atribuyó el arresto del técnico a que él fue "uno de los que más aportó para una causa penal contra el Gobierno por defraudación contra el Estado por la contratación de la empresa Smartmatic.
Es que la juez con competencia electoral María Servini de Cubría decidió el lunes 7 de octubre solicitar a otro juzgado una investigación penal por presuntas maniobras que envolvieron a la contratación de la empresa de origen venezolano. Uno de los que aportó datos e información a la magistrada fue Smaldone.
A la licitación pública internacional realizada a fines del año pasado para la realización del escrutinio provisorio llegaron tres firmas: SmartMatic ofreció sus servicios por 17.093.888 millones de dólares para la cobertura de las primarias, las generales de octubre y un eventual balotaje en noviembre.
Fue el ofrecimiento más barato. La compañía Plataforma Civiciti – Scytl Secure Electronic Voting SA había presupuestado 17.899.042 millones de dólares; e Indra SA –que ha participado en varios comicios anteriores- requirió un pago de 19.235.000 millones de dólares.
Para Busaniche, la demora de Smaldone tiene que ver con las denuncias del técnico informático por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa venezolana y por su activa militancia contra las vulnerabilidades del voto electrónico que el gobierno de Mauricio Macri intentó impulsar en varias oportunidades.
“La Gorra Leaks” “Lo que sabemos con total y absoluta certeza es que Javier Smaldone no tiene nada que ver con el hackeo a las fuerzas de seguridad. Lo único que hizo él fue advertir públicamente sobre las graves vulnerabilidades que tienen las fuerzas de seguridad, el ministerio y la propia ministra (Patricia) Bullrich en sus cuentas de correo y servicios informáticos”, dijo Busaniche.
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En declaraciones a radio La Patriada, Busaniche dijo que Smaldone dejó en evidencia que meses atrás las fuerzas de seguridad y Bullrich sufrieron "un hackeo muy burdo", facilitado por una supuesta acción de la propia ministra que "cayó en un sitio de "hacking preaching" (piratería predicación) entrando en un link que no debía y dejando datos personales allí.
“No tengo idea quienes son los autores de La Gorra Leaks. Pero sabemos que ese archivo con 700 gigabytes de información, en los que había datos muy sensibles de las fuerzas de seguridad, fueron repartidos a un número muy importante de gente. Muchos periodistas que no se animaron a hacer nada por el nivel de sensibilidad de la información”, dijo Busaniche.
En ese sentido, dijo que había sido el propio Smaldone quien se presentó como testigo voluntario en el juzgado de Rodríguez para decir lo que veía sobre la vulnerabilidad de la seguridad oficial. “La gran responsabilidad es de la ministra Bullrich y de la baja calidad informática del ministerio de Seguridad. Les habían hackeado hasta la cuenta de Twitter. Le mandaron un mail falso de una supuesta embajada y ella entró por un tubo”, dijo Busaniche.
