A partir de la denuncia de un particular, la Defensoría nacional inició una investigación ante el posible impacto ambiental del proyecto denominado "Apertura de traza, construcción de obras básicas, calzada enripiada y obras de arte – Corredor Canal Beagle".
¿Qué es el defensor del pueblo de la Nación?
El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actúa con plena autonomía funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
El organismo nacional menciona que la Ley N° 25.675 (Ley General del Ambiente) establece los presupuestos mínimos "para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, a la vez que consagra los principios de la política ambiental".
La misma establece que "toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), previo a su ejecución", agrega el documento difundido.
Para la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Estudio de Impacto Ambiental «es un proceso que permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto puede causar al ambiente, previo a la toma de decisión sobre su ejecución. Es una herramienta para tomar una decisión formada sobre la viabilidad ambiental de un proyecto u obra».
"La Defensoría del Pueblo considera que el procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto no cumple con el orden público ambiental vigente plasmado en la Ley General del Ambiente y la normativa provincial habida cuenta de una serie de irregularidades, como tampoco se hace una evaluación sobre el impacto que la obra tendrá en los derechos humanos", señala el documento.
Entre las irregularidades detectadas por la Defensoría a lo largo del procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental, se explicita que "el Estudio de lmpacto Ambiental presentado por la empresa no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la Ley General del Ambiente, dado que no contiene una descripción detallada del proyecto de la obra, una identificación y valoración de todas las consecuencias de la obra sobre el ambiente y las correspondientes medidas de gestión".
Asimismo, señala que "un Estudio de lmpacto Ambiental debe incluir información detallada de la ubicación del proyecto y para ello es importante incluir aquellos aspectos políticos, físicos y territoriales que resulten relevantes tales como la localización política administrativa (localidad, municipio, departamento, provincia), dirección catastral, o referencia de calles, rutas o coordenadas geográficas, entre otras cuestiones".
"La identificación de la ubicación del proyecto incluye no solo las obras principales sino también el emplazamiento de las instalaciones auxiliares tales como obradores, depósitos, canteras, o cualquier otro tipo de obra directamente", prosigue la Defensoría, considerando además que "el EslA presentado por la empresa no contiene una identificación de las coordenadas geográficas de la ruta, como tampoco de los obradores o de las canteras para la obtención de áridos".
Y remarcar: "Se llevó a cabo la audiencia pública donde la ciudadanía no tuvo acceso a la documentación completa del proyecto lo que le hubiese permitido participar y realizar observaciones luego de haber realizado un análisis integral y pormenorizado del proyecto".
Para la Defensoría "más allá de la legalidad de la modalidad de contratación utilizada por las autoridades fueguinas, el EslA debe presentarse una vez definida la traza de la ruta en el marco del proyecto ejecutivo, situación que no ocurrió en este caso dado que el proyecto ejecutivo para los tres tramos fue presentado el 8 de abril de este año estando la obra en plena ejecución".
"La falta de identificación y evaluación de los impactos ambiental y cultural en el marco del EslA presentado por la empresa lo descalifica como tal dado que no permite conocer en forma acabada los potenciales problemas que podría presentar la obra y las medidas previstas para evitarlos y/o reducirlos, distorsionando el sentido y función que tiene el EslA como instrumento de gestión ambiental preventiva del proceso administrativo de EIA», indica.
Y cierra: "Por todo lo expuesto y habida cuenta de las irregularidades detectadas a lo largo del procedimiento de EIA, corresponde recomendar a las autoridades locales competentes la adecuación del proyecto conforme el derecho convencional e interno vigente".
