La Jueza Correccional de Ushuaia, Felicitas Maistegui Marcó debe resolver si hace lugar al pedido de la defensa de Walter Cayo para conceder una probation y así evitar un juicio oral y público en el caso donde se ventila los presuntos malos tratos a los que fueron sometidos más de 70 perros alaskanos que se encontraban en el centro invernal Valle de Lobos. El imputado ofreció pagar $12 mil para evitar un juicio oral y público en el fuero correccional.
Fuentes judiciales, a las que pudo acceder el portal informativo Crónicas Fueguinas , informaron que Cayo ofreció pagar dicha suma en el marco de la causa para tener la probation. No obstante, el fiscal Fernando Ballester Bidau, se negó a dicha posibilidad y se opuso tajantemente a que la causa tenga dicho desenlace.
Entendiendo por probation: "Es la suspensión de un juicio oral, contribuye a una respuesta más humana en la justicia penal, ya que tiende a evitar las consecuencias negativas del encarcelamiento, como así también desde un punto de vista práctico impedir que llegue la sentencia en procesos de poca importancia en política criminal ahorrando recursos materiales y humanos, con la gran ventaja que se producen importantes reducciones de costos al Estado".
Por su parte Juan "Gato" Curuchet, propietario del centro invernal y que a su vez se lo había alquilado a Callo, también negó que dicha oferta pueda ser tenida en cuenta. La calificó de "irrisoria" en el marco del expediente y anticipó que se presentará como parte querellante.
Curuchet y Cayo mantenían una relación contractual, ya que este último le alquilaba el predio, incluido los perros que eran utilizados para el tirado de trineos como actividad turística.
Ahora, ante las oposiciones, debe ser la jueza Maiztegui Marcó la que debe resolver si hace lugar a dichos planteos. Parece difícil que le conceda la probation ya que para que la misma pueda prosperar debe contar con el consentimiento de las partes, principalmente con la anuencia del Ministerio Público Fiscal, que en este caso ya formalizó su negativa.
Cabe señalar que en un dictamen del fiscal Ballester Bidau, se hace mención a que en el acuerdo contractual entre ambos existe una cláusula en la cual Callo debía abonar al propietario la suma de mil dólares por cada perro que pereciera o sufriera alguna afección de salud, indicaron fuentes cercanas a la causa.
El procesamiento: Hay que recordar que el año pasado el juez Javier De Gamas Soler procesó a Cayo en función del delito de maltrato animal previsto en la ley nacional 14.346, en una resolución donde también realizó un severo diagnóstico sobre el estado en el que se encontraban los perros en Valle de Lobos. En esa resolución se consignó que un testigo relató que vio morir varios perros por desnutrición, inclusive una perra que estaba encadenada, y observó que pese a la mala alimentación y cuidados veterinarios, se los obligaba a correr entre 10 y 12 vueltas por cada perro.
Otro testigo declaró que vio morir a tres perros semanas antes de una competencia, y que en febrero de este año, "observó a unos perros comiendo a su cachorro y a otros animales ingiriendo su propia materia fecal", mientras que más ejemplares "no tenían agua y estaban atados con cadenas", se encontraban en "estado calamitoso, flacos (10 kilos) sin masa muscular, con piojos y parásitos". A su vez otro grupo se encontraba suelto en la Laguna Esmeralda "buscando alimentos que le pudieran dar los turistas".
