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hace 8 horas
Luego de una denuncia de los usuarios que dependen del reservorio de agua potable ubicado en Loma de Imbaud, por falta de servicio, una breve investigación de la SAT dio con un enorme lago artificial, que, de manera ilegal, desviaba el líquido vital para el riego de una finca de limones.
Al respecto, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls indicó que “El gobernador, Osvaldo Jaldo, decidió que la Provincia también sea parte activa como querellante en la causa, porque la gravedad de la inconducta amerita que se tomen cartas en el asunto”,
Eso declaró la funcionaria luego de informar la presentación ante la fiscalía de instrucción por parte de la Fiscalía de Estado en la que el este último reclama una investigación, condena y , de ser correspondiente, una multa por la conexión clandestina que afectó a cientos de usuarios de Yerba Buena.
Pedicone detalló que “La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) descubrió que en Yerba Buena la mitad de la comunidad se había quedado sin agua toda, a raíz de que había una conexión clandestina que llevaba agua a un depósito de un propietario lindante con el acueducto, y eso formó una especie de reservorio de agua absolutamente contrario a la ley”.
La funcionaria calificó esta acción como “un salvajismo, porque pensar en una conexión ex profeso para atender un comercio de una explotación rural y que la persona no haya dimensionado que iba a dejar sin agua a toda una población es una situación de mucha gravedad”.
La fiscal informó que la Provincia tomará el lugar de querellante, “porque la gravedad de la inconducta amerita que se tomen cartas en el asunto”, por lo que el Ejecutivo provincial “va a exigir la investigación, la condena y eventualmente el resarcimiento por esta conducta reprochable del propietario del fundo donde se encontró el reservorio clandestino”.
Sobre la reunión que mantuvo en la mañana del jueves con autoridades de la SAT, la fiscal explicó: “ellos hicieron lo que les toca, que es defender la tarea de la empresa, y la Provincia en el rol de cuidadora de los intereses de la sociedad, de una comunidad que se ha visto perjudicada”.
“No hay ninguna especulación de convertir esta inconducta en una obra de resarcimiento económico; si es que la hay, vendrá después de la sanción penal”.
Este delito “no es solo un hecho puntual que debe ser considerado por la justicia, sino un aviso de que la Provincia no va a dejar pasar estos actos”.
Pedicone de Valls cerró diciendo que “a veces se interpreta que cuando la persona en infracción tiene cierto poder económico, hay una especie de tolerancia o de impunidad; y la verdad es que queremos mostrar que esa impunidad y esa tolerancia no existe. Vamos a buscar responsabilidades y vamos a pelear en los tribunales para que se hagan efectivas”.
