La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, habló sobre la decisión del gobernador de la provincia de conceder la jubilación condicionada al juez Penal Francisco Pisa. Hizo referencia a los fundamentos jurídicos a los que se ajustó el Poder Ejecutivo (PE) para aceptar la renuncia.
El juez había sido denunciado por no haber dispuesto medidas privativas de la libertad en contra de Mauricio Parada Parejas, el femicida de Paola Tacacho, a quien mató de varias puñaladas y luego se quitó la vida.
”Los hechos de violencia, los femicidios, nos interpelan a todos los tucumanos, a todos los poderes del Estado y a la sociedad en su conjunto. Esto no compele a que estas cosas dejen de suceder, y al Estado le obliga a proveer herramientas, leyes y políticas públicas que ayuden a prevenir y eliminar todo tipo de violencias”, comentó.
En ese sentido, la funcionaria sostuvo que la aceptación de la renuncia de Pisa se basa en una normativa judicial plasmada en una jurisprudencia existente. “Ya hemos tenido casos similares donde el juez renunciante -a quien no se le ha sido aceptada la renuncia condicionada- se la ha cuestionado judicialmente”, dijo.
“Es fallo de la Cámara Contencioso Administrativa y de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, con los fallos ‘Piedraburna y Herrera Molina’, lo que ha dictado el camino en esta difícil decisión que ha tenido que tomar el gobernador Juan Manzur”, explicó. Asimismo, remarcó que “la decisión se basa en que, cuando ocurrió esta situación muy similar a la del juez Pisa, el Estado provincial ha sido condenado, se han tenido que anular los decretos que rechazaban la jubilación condicionada y el Poder Judicial le ordenó a la Provincia a aceptar la renuncia condicionada”.
