El Juzgado Federal 2 de Santa Fe dictó este martes una resolución inédita en el marco de una causa sobre trata de personas. Familiares de Natalia Liliana Soledad Acosta recibirán una reparación económica como víctimas indirectas de la desaparición de la joven.
La mujer oriunda de Santo Tomé fue vista por última vez en la capital provincial cuando tenía 25 años. El principal acusado por su desaparición fue Osvaldo Cerri, que murió el 13 de abril de 2019 luego de haber sido procesado.
Ariel Acosta y su esposa se constituyeron como querellantes en la causa bajo la premisa de que su hija fue captada por una red de trata cuando estaba en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha. Tras la muerte de la madre, su padre y su hermana Carmela accedieron a una compensación económica por los daños que sufrieron a lo largo del proceso penal.
Los familiares de la víctima confirmaron que el dinero que reciban será destinado a promover la búsqueda de la santotomesina. Aunque todavía no se definió el monto, la resolución establece que el dinero Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata financiará la reparación.
La Justicia federal reconoció que el Estado incumplió su deber en la investigación de la desaparición de la joven, ya que la intervención estuvo sesgada por estereotipos de género. Esto implica un avasallamiento de los principales tratados sobre derechos humanos, de acuerdo al planteo que hicieron desde la Defensoría General de la Nación (DGN).
Una causa que sigue lejos del archivo
En el marco del causa que se abrió hace 13 años, la familia Acosta pidió el 28 de marzo que la Justicia federal santafesina fijara el monto de la reparación. En ese momento, sus representantes señalaron que el trámite debe completarse con celeridad y citaron antecedentes legislativos de otros hechos con responsabilidad estatal.
En la última etapa del proceso, el padre y la hermana de la mujer desaparecido contaron con la asistencia de Marcela Virginia Rodríguez, titular del Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la DGN. También intervinieron los defensores coadyuvantes Vanesa Ferrara y Mariano Rosatti.
El Juzgado Federal 2 ordenó que la decisión se comunique al Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Según la resolución, la reparación económica debe activarse cuanto antes, “sin prolongarlo con rigorismos formales y actos que pudieran producir una revictimización”.
Luego del planteo que hizo la querella a principios de año, el fiscal Walter Rodríguez adhirió el 13 de junio y señaló la falta de una actuación adecuada para encontrar a Natalia Acosta. Al respecto, consideró que el tribunal debía considerar los valores de “pérdida de chance” y el daño “al proyecto de vida” para resolver la situación.
