Los fiscales y jueces provinciales son competentes para investigar delitos de lavado de dinero, según lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia provincial, que rechazó un recurso presentado por la defensa de acusados en el caso de la megaestafa inmobiliaria de Rosario.
De acuerdo a estos letrados, delitos como el lavado de dinero debían seguirse en la Justicia Federal, sin embargo la Corte rechazó por unanimidad este planteo y dictaminó que no hay impedimento legal para la Justicia provincial intervenga en este tipo de hecho.
Del mismo modo se habían pronunciado jueces de cámara, que ahora cuentan con el respaldo del órgano supremo. Se trata de un gran apoyo para fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que plantean que ir tras los bienes de las bandas es clave para desarticularlas y parar los hechos violentos que provocan y que les garantizan precisamente el acceso a esos bienes.
Por otro lado, se trata de una mala noticia para los habituales abogados de estos clanes, que siempre buscan llevar causas al sobrecargado y limitado fuero federal para demorar los trámites y garantizar la continuidad de los negocios de sus defendidos por más tiempo.
En los últimos tiempos se ha visto cómo grandes bandas de narcotraficantes lavan el dinero que obtienen de manera ilícita adquiriendo fundamentalmente vehículos e inmuebles, lo que dificultaba el seguimiento de las causas en la órbita penal.
