María José Zanglá salió al cruce ante las críticas y denuncias por el supuesto uso ilegal de la base de datos de vacunación para mensajes propagandísticos. La actual presidenta del Comité de Crisis provincial justificó este accionar explicando que “las plataformas de datos se compran” y que “están accesibles en el mercado”.
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Cabe recordar que, días pasados, la oposición provincial había denunciado penalmente a Alberto Rodríguez Saá, luego de que miles de puntanos recibieran un mensaje de texto con fines propagandísticos. En el mismo, el gobernador compartía “algunas reflexiones” e invitaba a votar por los suyos.
Lo que generó el malestar de la oposición no fue el mensaje en sí, sino que provino del 30003 por el hecho de que ese número fue utilizado por el Gobierno provincial el pasado 16 de junio para solicitar información sobre el paradero de Guadalupe Belén Lucero.
Esto ha llevado a muchos a creer que el número en cuestión pertenece al Gobierno Provincial, pero no es así, sino que se trata de un servicio que pueden contratar distintas entidades para enviar mensajes de texto de forma masiva, explica La Gaceta.
Sin embargo, el abogado y dirigente opositor Ricardo André Bazla realizó una denuncia penal contra el Gobernador por la “posible comisión de delitos de peculado y violación a la ley de Protección de Datos Personales”.
Ante esto, Zanglá justificó: “Ellos mismos saben que las plataformas de datos se compran, están accesibles al mercado. Incluso cuando nos llaman de la telefonía para ofrecernos un celular o cuando nos llaman de un banco para ofrecernos una tarjeta de crédito, son bases de datos que se compran, que están en el mercado y que se compran, así que es muy fácil aclarar”.
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