A medida que se acerca el cierre de año, muchas provincias del país ya determinaron cómo resolver el financiamiento del transporte para el 2019 ya que dispondrán de los recursos de manera autónoma para cubrir los subsidios con los que las empresas hacen frente a los gastos de combustible, recursos humanos y obra social. El Gobierno de San Luis aún no anuncia qué medida tomará.
Según informó El Chorrillero ahora otros gobernadores peronistas y de Cambiemos decidieron también aportar los recursos, coincidiendo en el fundamento central de tomar partido en los aportes a las compañías para evitar que los mismos recaigan sobre el bolsillo del usuario.
Mientras tanto, en San Luis la falta de tratamiento recaerá en los usuarios pero otras provincias tomaron el toro por las astas con el fin de preservar el bolsillo de la gente. El Gobierno de Alberto Rodríguez Saá machaca con la idea de que se trata de un recorte de la Nación.
El ministro de Gobierno, a cargo de la secretaría de Transporte, Eduardo Mones Ruiz, en todas las intervenciones públicas que habló hasta ahora de las tarifas, no expresó la vocación política de mantener el precio de pasaje.
"Aprovechará todo el tiempo que tenga para culpar al presidente Mauricio Macri, pero Rodríguez Saá sabe que tiene la plata asegurada para volcarla al boleto", apuntó un dirigente de la oposición.
El Gobierno de San Luis, así como el resto de las provincias, contarán con recursos adicionales a la coparticipación para trasladarlos al transporte de pasajeros.
El dinero surge del Fondo Compensador y de fuentes adicionales de financiamiento creadas en el Presupuesto 2019, por lo cual el resto de los programas que ya tienen previsto ejecutar no se resentirán.
En el caso de San Luis dispondrá de $1547 millones por encima de la Coparticipación Federal. Sin embargo, Mones Ruiz insiste en que a "partir del 1 de enero se sufrirá una crisis sin precedentes. Sin subsidios, la tarifa se multiplicará por tres, provocará reestructuración de personal en las empresas y eliminación de frecuencias, entre otras consecuencias", advierte como posible escenario para los puntanos.
Ante una consulta de un periodista de El Chorrillero sobre el destino que darán a los casi $1.600 millones adicionales que tendrá San Luis, Mones Ruiz se limitó a contestar: "Si vos me lo explicás como me lo aseguran…porque tenía una audiencia con Guillermo Dietrich para ver ese tema, como son ustedes los que habitualmente dicen eso quería saber cómo era".
En los últimos tres años las provincias estarían recuperando recursos por medio de la recomposición de porcentajes de distribución primaria de la Coparticipación Federal. Hasta diciembre de 2015 la Nación coparticipaba el 28% del total. Ahora el porcentaje se elevó a un 32%.
Según datos extraoficiales a lo que pudo acceder el medio digital, al finalizar el 2018, habrá ingresado al Gobierno de San Luis $23.500 millones de coparticipación y transferencias automáticas.
Desde el bloque Avanzar y Cambiemos se propuso un proyecto de ley por el cual se crean fondos para hacer frente justamente a las tarifas.
De este modo se busca que las empresas garanticen tarifas razonables y se resguarden “los derechos de los usuarios”.
En el proyecto se contempla la creación del Fondo para el Subsidio al Transporte Automotor Urbano e Interurbano de Pasajeros y también el Fondo para el Subsidio al Consumo Energético. En los fundamentos del mismo se estipula que el Gobierno de San Luis está "en condiciones de hacer frente y compensar" con los subsidios, tanto a las empresas de transporte como a las de energía y gas.
En lo que va del año el valor del boleto interurbano sufrió una suba del 80%. El último incremento fue del 30%, aunque en algunos corredores alcanzó el 56%.
