En la única escuela de la localidad de San Jerónimo, al interior de la provincia de San Luis, trascendió la semana pasada que los padres de unos niños de entre 6 y 7 años habían sido abusados por otros de 9 y 11 años, aparentemente en el baño de la escuela. Este martes la jueza de Familia y Menores Nº 1, Marcela Torres Cappiello, habló en conferencia de prensa para contar cuales son las medidas tomadas por la Justicia.
Torres Capiello confirmó que que son tres las denuncias por abusos en la Escuela N° 441 "Capitán de Fragata Don Pedro Eduardo Giachino" de San Jerónimo, distante a 29 kilómetros hacia el noroeste provincia.
La jueza aseguró que llevan adelante "una investigación" y que por el momento no se puede "hablar de responsabilidad penal" dada la edad de los niños, que son todos menores de edad.
Por su parte, la intendenta de San Jerónimo, Lorena Cardinali, había declarado la semana pasada que la escuela no tenía director y puntualizó que alrededor de los casos "hubo la falta de control en los baños". Además dijo que allí se habrían cometido los abusos, según informó El Chorrillero.
La jueza expuso que la semana pasada, desde el juzgado se ordenaron las medidas de restricción para que los menores acusados no se acerquen a las víctimas en un radio de aproximadamente 300 metros.
"En estos casos notificamos tanto al Ministerio de Educación como a la escuela, para que ellos arbitren las medidas y eviten el contacto" sostuvo y añadió que desconoce si los involucrados están asistiendo a clases y tampoco profundizó qué tipo de abusos se habrían concretado.
También especificó que la institución "tiene que arbitrar los medios para que todos los chicos puedan continuar con su escolaridad, no perder el año y ver de qué manera no se acerquen" y que en el caso, el Juzgado también dio intervención al Centro de Asistencia de la Víctima del Delito.
Torres Cappiello anunció que ya solicitó fecha para la Cámara Gesell, y que además están pendientes las pericias sociales que se efectuarán durante esta semana.
"Todavía no hemos tenido audiencia con todos. Resta que comparezcan los progenitores y a partir de esas declaraciones surgirán otras medidas" manifestó.
Como se trata de una localidad donde viven aproximadamente 780 personas, existe la posibilidad que tanto las víctimas como los menores denunciados puedan cruzarse fuera del establecimiento. Es por eso que lo previsto es una notificación a la Policía para que intervenga en el caso que se incumpla la restricción.
Por último, la jueza adelantó que se comunicará con el Ministerio de Educación y después con la intendenta Cardinali “para ver qué otras medidas” son necesarias con el fin de “resguardar a los niños”.
