A casi un año de los comicios del 22 de octubre de 2017, el fiscal Federal, Cristian Rachid pidió que se llame a prestar declaración indagatoria a la intendente comisionada de la localidad sanluiseña de Nogolí, Claudia Pinelli, la directora del Hospital, Silvia Quevedo y a dos fiscales del Frente Unidad Justicialista, por irregularidades en las votaciones.
Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis inició la demanda el día anterior a las elecciones ante la Secretaría Electoral Nacional porque según el relato de testigos, dirigentes y punteros políticos, que se presentaban en nombre del Gobierno y del Frente Unidad Justicialista, los citaron para entregarles las boletas que debían incluir en el sobre, con el objetivo de favorecer al oficialismo en las urnas, bajo la amenaza de perder los planes sociales que recibían.
Para asegurarse la voluntad, les entregaban el voto marcado que era justamente el que debían depositar en la urna.
Según informó El Chorrillero algunas de esas boletas que se repartieron de manera anticipada, llegaron a manos de los asesores legales del Frente opositor que las acreditaron en la denuncia. Tenían una letra y un número. La letra identificaba el beneficio social o prestación estatal que recibía el elector, mientras que el número indicaba la identidad de la persona y su grupo familiar. Por Ejemplo: "H1" correspondía a una persona que recibe beneficios del Hospital público; "M3" a un beneficiario de los merenderos; "B7" a becarios; "P3" al Plan de inclusión social; "PB2" a Pañuelos Blancos y "AS4" a otra ayuda social.
Asi es que tras una solicitud del fiscal, el juez Federal Juan Esteban Maqueda ordenó una medida cautelar consistente en la preservación de las urnas con los sufragios emitidos en el Departamento Belgrano.
En el escrutinio se constataron un total de 65 boletas irregulares.
Además en el transcurso de la investigación registraron varios testimonios que ratificaron las presiones y, a pesar del temor a represalias, hubo electores que declararon cuál fue la mecánica empleada.
Así Rachid determinó que la actual intendenta, Quevedo, Nicandro Hilario Amieva y Nancy Escudero son coautores de la conducta tipificada por el artículo 139 inciso "b" del Código Electoral Nacional al haber "compelido a electores a votar de manera determinada".
Pidió la indagatoria porque entendió que organizaron y ejecutaron un plan para obtener ilegítimamente votos para el Frente de Unidad Justicialista. Concluyó que la condición para gestionarles el acceso a planes o beneficios sociales y/o para conservar los beneficios de esa naturaleza acordados, fue votar al oficialismo provincial.
El delito electoral que se les adjudica contempla una pena de prisión de uno a tres años y una accesoria la privación de los derechos políticos por el término de uno a diez años.
La sábana de la lista N° 501 en Nogolí, en particular, estuvo conformada por cinco categorías: senador nacional (titulares: Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo, suplente: Alberto Rodríguez Saá); diputados nacionales (Karim Alume, Victoria Rosso y Alberto Geraiges); senador provincial (Mabel Leyes); diputados provinciales (Rosa Calderón, Luis Amieva y Norma Rosa Villegas) e intendente comisionada, Claudia Pinelli.
Pinelli quien resultó electa jefa comunal, forma parte de Es Posible, la agrupación creada por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, para suceder al resistido Partido Unión y Libertad (PUL).
En la misma campaña electoral la oposición también formuló una serie de denuncias en el fuero federal y provincial contra el Gobernador de San Luis por haber entregado a la Fundación Mujeres Puntanas de la esposa de su hermano Adolfo, $80 millones que se usaron para regalar electrodomésticos; contra ministras por el reparto de tablets a punteros en la sede del PJ y por el otorgamiento de planes sociales el día de la elección violando la prohibición de efectuar actos de gobierno para captar votos y la veda electoral.
El fiscal Federal viene de promover la indagatoria del ex intendente de Arizona y dirigente del PJ, Pedro Figueroa por un escandaloso fraude. En 2015 trajo electores de La Pampa y Mendoza para que votaran a su hijo, el actual intendente, a cambio de una licencia de conducir profesional.
En el caso de Nogolí, en 2015 una puja del oficialismo (el PUL ganó en las urnas, pero no se animó a denunciar que el PJ le birló la intendencia en el escrutinio) se resolvió con la intervención. Antes, una elección en la que los dos candidatos empataron, el Superior Tribunal definió a través de un bolillero el intendente, que terminó denunciado, sometido a juicio oral y absuelto por corrupción.
