La primera denuncia fue hace 13 años y luego de un derrotero por competencia entre la Justicia provincial y la Federal, jueces que se excusaron, un jury contra la denunciante y hasta apelaciones nunca resueltas, un ministro y un exministro del Gobierno de San Luis irán a juicio acusados de obligar a miembros del Poder Judicial de la provincia a firmar sus renuncias anticipadas como requisito para acceder a cargos y ascensos.
Se trata del actual ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Sergio Freixes y del ex viceministro, Mario Zabala. Ellos están acusados del delito de coacción agravada contra Marina Ziliotto, una ex jueza de la Cámara Penal número 1 de San Luis, quien denunció que en el 2004 fue obligada a firmar su renuncia en blanco por Sergio Freixes, quien en ese entonces era el ministro de Legalidad de la provincia.
Según informó La Nación, por el escándalo, Freixes dejó el Ministerio de Legalidad en 2007, cuando fue procesado junto con Zabala. Sin embargo, en 2011 fue elegido senador provincial por el departamento de Dupuy y el año pasado renovó su banca. Desde agosto del año pasado, Freixes es ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, sin embargo se especula con que podría renunciar al ministerio y volver al Senado, donde pidió licencia, para volver a contar con fueros, que en la provincia impiden que un legislador sea interrogado.
El juicio comenzará el 22 de octubre, pero el caso de Ziliotto es uno de los once que llegaron a la Justicia puntana en 2005 por una denuncia de Gretel Diamante, entonces fiscal de Villa Mercedes. En testimonios registrados con cámara oculta, los magistrados afectados admitían haber sido presionados para firmar sus renuncias en blanco, a cambio de acceder a cargos en la Justicia provincial.
Luego de dos años de las denuncias, la Justicia probó las acusaciones y las responsabilidades de los funcionarios. Pero consideró que de las once denuncias, diez fueron firmadas voluntariamente por lo que sobreseyó a los acusados. Por eso solo el caso de la ex jueza, Zilloto, llegó a juicio oral. Aunque apelaron por los casos desestimados en el 2007, aún no se resuelve.
"La cantidad de intromisiones del Poder Ejecutivo que la causa ha tenido a lo largo de estos 13 años es inédita. El caso debió haber llegado a juicio hace años", evaluó ante La Nacion Diamante, hoy jueza del Tribunal Oral Federal de San Luis. Pese a las dilaciones, la denunciante es optimista. "Se ha logrado conformar un tribunal que me permite alentar expectativas de que el fallo va a sentar un precedente importantísimo, para encuadrar el accionar de exigir renuncias anticipadas como un hecho de corrupción. En 2005 no se visualizaba la medida en que [las renuncias anticipadas] profundizan los mecanismos para garantizar la impunidad", analizó.
El proceso es inédito en la historia de la provincia. Es la primera vez que se juzgará a exintegrantes del Poder Ejecutivo por presionar a jueces, fiscales, camaristas y defensores. Ya en 2007, la organización Transparencia Internacional había registrado la trascendencia del proceso. De hecho, incluyó el caso en su "Informe Global de la Corrupción: Sistemas Judiciales", como emblema de las irregularidades en el ámbito judicial. El tribunal oral a cargo del juicio está integrado por los jueces de los tribunales federales de Mendoza Roberto Naciff, Juan Antonio González Macías y Fátima Ruiz López.
