Por la aprobación de la Ley "Justina", nombre que recibe en honor a la nena de 12 años que falleció esperando un trasplante de corazón, todos los mayores de 18 años, que no se hayan opuesto en vida, son donantes. Gracias a esta enmienda 120 personas que aguardan por un órgano en San Luis, renuevan su esperanza. Antes de la aprobación de la ley, solo el 18% de la población adulta de la provincia había expresado su decisión de donar.
María Eugenia García, coordinadora del Cucai San Luis, en diálogo con El Diario de la República explicó que dentro de la lista de espera para un trasplante hay tres niños y uno en estado de urgencia, mientras que otros 214 aún están en proceso de inscripción del trámite que consiste en seis pasos: indicación médica de la necesidad del trasplante, financiamiento, evaluación del paciente, estudios inmunológicos, autorización y la verificación de la inscripción (que la nueva ley provee un acortamiento de los plazos de espera en caso de estado de emergencia).
En la tendencia, el órgano más requerido es el riñón, seguido por las córneas, el hígado, y por último, pulmones y corazón.
Las modificaciones, que se realizaron a la Ley Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos, permiten disponer de los órganos de los mayores de 18 años ya fallecidos, si es que no dejó expresa su negativa, por ende no hay necesidad de la autorización de los familiares. "El problema radicaba en que muchas familias decidían que no. Eso generaba en todo el país que un 40 por ciento de los que figuraban como posibles donantes terminaran en una negativa. La Ley Justina le quita un peso a la familia", justificó García.
Con la nueva normativa, en los casos de menores de edad no será necesaria la autorización de ambos padres, "nos han pasado situaciones en que la mamá está en la provincia y el papá es de Buenos Aires, por lo que son doce horas de viaje en las que uno trata de mantener a los órganos funcionando y en ese tiempo se corre un riesgo muy grande a perderlos", detalló la coordinadora.
Así mismo, también se resuelven los lentos tiempos de la justicia ya que en casos de una muerte violenta, el juez es quien se convierte en el dueño del cuerpo. "Teníamos que comunicarnos con el magistrado y mandarle las actas de testimonio firmadas por la familia, para que luego nos autorizara la donación de órganos y si quería pedir otra cosa, también podía hacerlo. Esta ley acorta esos plazos en un límite de seis horas para que intervenga", explicó.
Los hospitales, con la nueva reforma, deberán contar con un equipo de procuración encargado de coordinar los procesos de donación de los órganos, que permitan garantizar la correcta detección, evaluación y tratamiento del donante. Para capacitar al personal que se encargará de realizar esta actividad se va a utilizar un 20% del presupuesto del Incucai. "Están sacando plata que se usaba para equipos e instrumentos. Tenemos una reducción de presupuesto de un 40 por ciento, por lo que estaría bueno que se destine más plata y no que la saquen del fondo", concluyó.
