Grande fue la sorpresa de un docente de la Universidad Nacional de San Juan cuando fue en marzo del 2015 a retirar los ahorros que creía tener en su cuenta sueldo y descubrió que le faltaban $241.000. Tras comprobarse su reclamo, la entidad bancaria le devolvió el dinero más intereses e inició una investigación que terminó con dos ex directivos del Banco Nación contra las cuerdas. Se trata de la ex subtesorera, Liliana Rabasa, quien sería la persona que habría llevado a cabo varias extracciones sin ninguna autorización del cliente y del ex jefe de la Plataforma Operativa, Fabián Saavedra, quien habría autorizado realizar este tipo de extracciones preferenciales. Ambos serán juzgados en la Justicia Federal el próximo mes.
Según publicó el periodista Walter Ríos en Diario de Cuyo, en en Banco Nación se pueden hacer extracciones por retaguardia, un servicio que tienen a disposición clientes preferenciales. Para hacer este tipo de extracciones, los empleados del banco deben contar con una autorización especial de directivos. Los cajeros a cargo de cuentas podían realizar sumas bajas de dinero en forma directa pero cuando las extracciones eran de más de 30.000 pesos necesitaban la autorización del jefe de la Plataforma Operativa, Fabián Saavedra. Obviamente que las extracciones debían contar con la autorización del dueño de la cuenta, quién en algún momento tenía que firmar comprobates con el DNI en mano, lo que nunca pasó con el caso del docente universitario.
En la investigación judicial, dos cajeros declararon que la ex subtesorera les dio un papel a cada uno con el número del documento del cliente pero sin la firma para que hicieran extracciones de dinero. A su vez, les informó que contaba con la autoriazación de Saavedra. Otro cajero dio un testimonio de similares características e incluso aseguró que Rabasa hizo operaciones como si hubiera sido una cajera. ¿Por qué la cuenta de ese docente? Porque llevaba mucho tiempo inactiva, indicaron.
Tanto Rabasa como Saavedra deberán enfrentar un juicio en los tribunales federales. Ambos serán juzgados por Daniel Doffo, Eliana Rattá y Hugo Echegaray. Están imputados por fraude contra la administración pública ya que fueron calificados como funcionarios públicos. Los dos son delitos excarcelables. A esto se le suma que Rabasa, quien fue despedida del banco por estar implicada en estas operaciones, tuvo que ser reincorporada a su puesto de trabajo porque era secretaria suplente del sindicato que representa a los empleados bancarios.