La edil del municipio salteño de Tartagal, Paola Díaz, acusada de desviar y esconder donaciones para los pueblos wichís del interior salteño, se reincorporó al Concejo Deliberante. Su presencia en la banca generó polémica porque junto a su hermana, la defensora civil Rosa Díaz, está imputada por la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos. Además, meses atrás y después de un allanamiento a su vivienda donde encontraron la mercadería almacenada, estuvo detenida.
Tras la sesión, la concejal prefirió no dar declaraciones sobre la causa en su contra. “Todo está bajo secreto de sumario y no quisiera entorpecer la causa. La Justicia está trabajando. Muy pronto van a tener la respuesta que buscan”, se limitó a explicarle a los medios locales que se acercaron a hablar con ella.
El escándalo salió a la luz en febrero de este cuando la hermana mayor de Paola y Rosa Díaz las acusó de quedarse con la mercadería (comida y prendas de vestir) que diferentes fundaciones enviaron a Tartagal para ayudar a los pueblos wichís de la zona. La Policía allanó la vivienda de Paola Díaz y encontró las donaciones acopiadas en diferentes habitaciones. Los agentes detuvieron a las hermanas y se llevaron la mercadería. Ellas se justificaron argumentando que por la pandemia no habían entregado los bolsones.
Las hermanas recuperaron la libertad rápidamente y quedaron a disposición de la Justicia que ahora investiga el hecho. Cuando se desató el escándalo y la concejal Paola Díaz todavía estaba detenida, el presidente del Concejo Deliberante de Tartagal había manifestado que no sería destituida de su banca porque no estaba comprobado su responsabilidad en la causa.
