El próximo 22 de junio comenzará el juicio contra la defensora oficial Civil de Tartagal, Rosa Díaz, acusada junto a su hermana, la concejal Paola Díaz, de retener y vender donaciones destinadas a las comunidades wichís del interior salteño. También enfrenta otras denuncias. Durante las audiencias, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Poder Judicial y Funcionarios del Ministerio Público de Salta deberá resolver si las acusaciones que pesan sobre ella ameritan su destitución.
Por esconder la mercadería y vender para las comunidades nativas de la zona, las hermanas Díaz están imputadas de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos. Luego la defensora sumó otra imputación penal por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Además, la defensora oficial sumó otra denuncia. Primero la acusó su jefe, el defensor general de la provincia, Pedro García Castiella, por hechos detectados en la Defensoría Oficial a su cargo. Por esto se le imputa mala conducta, mal desempeño e incumplimiento de los deberes a su cargo, todas causales para la destitución.
Otra acusación por la que se pide que sea sometida al jury de enjuiciamiento fue promovida por el procurador general, Abel Cornejo, por la presunta retención de donaciones destinadas a comunidades indígenas. Luego fue denunciada otra vez por el defensor general por una presunta intervención de la defensora oficial civil en un operatoria de usurpación de una posesión en la ciudad de Joaquín V. González, en el departamento Anta.
