Se complica la situación penal de los 11 efectivos policiales acusados de detener y torturar a un hombre que había denunciado el robo a un supermercado en la localidad salteña de Orán. La fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen, los imputó por los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones leves en concurso ideal.
Según detalla la investigación, el denunciante fue retenido por los policías dentro de la comisaría desde las 18 horas del 8 de abril hasta la madrugada del día siguiente. Cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien mantuvieron esposado durante más de 12 horas sin que pudiera irse de la dependencia policial.
Los efectivos imputados, además, lo sometieron a torturas físicas y psíquicas para intimidarlo y obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas. Lo golpearon y colocaron su cabeza dentro de bolsas de plástico. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y luego lo pasearon por la ciudad dentro del móvil policial. Lo amenazaron con llevarlo a un basural, donde le aseguraron que si los denunciaba, él y su familia la pasarían mal.
El miércoles pasado, la fiscal penal Verónica Simesen, a cargo de la investigación, confirmó por CCN Salta que en lo que va del 2021 se registraron 900 denuncias a efectivos policiales por diferentes situaciones, de las cuales 200 llegaron a imputación. Por su parte, el jefe de la Policía, José Ibarra, había manifestado que durante este año se había registrado un solo caso.
