Luciano Martini, juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación, tomó la decisión de apartar de la causa en la que se investiga al comisario Walter Exequiel Mamaní por hechos de abuso de autoridad a la fiscal Verónica Simesen de Bielke, además de pedir que se investigue si la funcionaria incurrió en un delito al ordenar el secuestro del teléfono celular del ahora ex auxiliar fiscal Sergio Dantur.
El juez tomó esta decisión luego de que la defensa de Dantur, que se desempeñaba como auxiliar de fiscal en Apolinario Saravia, presentara un recurso de reposición “in extremis”. Según argumentó la defensa, esta línea telefónica secuestrada eran propiedad personal de Dantur y no del Ministerio Público, como había argumentado la fiscal Simesen de Bielke. Por este motivo, la Justicia determinó que el secuestro se realizó “sin orden judicial y por directiva de la fiscal de Derechos Humanos”.
Para argumentar su resolución, Martini dijo que “el uso de un teléfono y línea otorgada por el Ministerio Público Fiscal para el desempeño de un cargo también público posee esa naturaleza y, por ende, su retención e inspección por funcionario y aún agente -en este caso por cuestiones administrativas- de ese estamento no puede afectar, de ninguna manera, el derecho a la intimidad”, según consigna Página 12. Y agregó que los teléfonos y líneas personales, “aún cuando se utilicen eventualmente para cuestiones laborales, son de propiedad de su titular y, consecuentemente, para sacarlos de su ámbito de custodia e inspeccionarlos es requisito ‘sine qua non’ contar con la correspondiente orden judicial”.
Además, el magistrado sostuvo que la fiscal Simesen de Bielke informó “una falsedad determinante para resolver, que, a la postre, favoreció ilegítimamente su posición en detrimento de inviolables seguridades individuales, sin pasar por alto que dicha maniobra indujo a error a un órgano jurisdiccional”.
En la misma línea, sostuvo que, a la ora de ordenar el secuestro del celular, la fiscal argumentó que el teléfono y la línea pertenecían al Ministerio Público y por eso “podía requerirlo, en cualquier momento, por decisión administrativa, por razones de servicio o por cualquier otra cuestión”, y que por esto el auxiliar de fiscal tenía la obligación de entregar el aparato.
Siguiendo esta línea de investigación, Martini solicitó a la empresa personal que confirmara los datos sobre la titularidad de la línea telefónica en cuestión. La información arrojó que el propietario de la línea era Dantur.
Una vez aclarada la cuestión de la titularidad, el juez consideró que queda invalidado el procedimiento de la fiscal, y por este motivo consideró que la actuación de Simesen de Bielke “eventualmente podría resultar constitutiva de infracciones previstas en el Código Penal, sean en perjuicio de la administración pública, la fe pública u otros bienes jurídicos”. Así fundamentó la decisión de apartar a la fiscal de la causa y correr traslado para que se investigue su proceder.
La investigación de Mamaní
Walter Ezequiel Omar Mamaní, exjefe de la subcomisaría de El Dorado, en Apolinario Saravia, y a otros cuatro policías de esa dependencia están acusados de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en perjuicio del joven Luciano Diez.
A finales de junio, Luciano Diez circulaba en su camioneta por una avenida de Apolinario Saravia cuando un móvil policial se cruzó en el camino. Los policías bajaron y efectuaron al menos cuatro disparos al aire. El joven siguió su camino, pero horas más tarde lo detuvieron acusado de evadir un control policial y fugarse.
En joven denunció que cuando estuvo detenido en la subcomisaría fue víctima de malos tratos por parte de los efectivos policiales.
