Fuerte cruce entre el Ministerio de Seguridad y una fiscal penal por casos de abusos policiales

El lunes pasado, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Manuel Pulleiro, opinó que hay “animosidad” en el manejo de causas relacionadas con la fuerza de seguridad por parte de la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Belkie. Su declaración lo confrontó con la funcionaria. Ella le respondió que su obligación es informar a la sociedad sobre los casos que investiga porque involucran a personas que deben garantizar la seguridad de las personas.

Tras sus dichos, Pulleiro aclaró que no hay ninguna interna entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal pero manifestó estar preocupado “por la difusión de información que involucra a personal policial y que afectan la imagen de la Policía de Salta”.

“Quiero que se respeten las garantías constitucionales en los procesos de investigación para el personal policial y para cualquier ciudadano. Con esto me refiero al debido proceso, al secreto de sumario y a la presunción de inocencia. En muchas publicaciones que circulan en la prensa se hacen juicios sobre policías que luego son absueltos o prescribe la causa”, explicó en una entrevista con Central Policial.

El Ministro de Seguridad remarcó que no tiene nada persona con la fiscal Simesen de Belkie. “No cuestiono su trabajo que seguramente lo hace muy bien pero cuestiono que se difunda en los medios información que tiene que estar bajo secreto de sumario, debido proceso y presunción de inocencia”, finalizó.

La fiscal penal Verónica Simesen de Belkie le respondió explicando las garantías constitucionales mencionadas por Pulleiro. “El secreto de sumario no es un término jurídico que corresponda, no existe, ahora se habla de las reservas de las actuaciones penales, que tiene otro fin. El propio código penal faculta a los fiscales a dar información respecto al decreto de imputación y a la acusación. Con respecto al principio de inocencia estoy de acuerdo, a todos los policías les rige pero estamos hablando de funcionarios públicos, y la población tiene derecho a saber quiénes son. Se puede exponer el nombre una vez que se tiene el decreto de imputación cuando hay una acusación formal”, explicó.

“Todas las actuaciones que llevo adelante han pasado por los controles de los jueces de garantías. Si a él (Pulleiro) le molesta que mencionen a los funcionarios lamento decirle que el Código Penal habilita a establecer los motivos de la imputación. Soy coherente y siempre doy información porque la sociedad tiene que saber lo que pasa”, sentenció.