La Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos investigará las supuestas irregularidades en el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas. También evaluará la posible comisión de delitos penales y la correspondiente investigación penal del caso.
El caso surgió a partir de un reporte especial de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Provincia donde detalla que en el IPPIS hubo una deficiente e informal registración de los ingresos y egresos de fondos sin ningún tipo de desarrollo que garantice la integridad y confiabilidad de los datos que contienen. También la falta de libros contables manuales ni de un sistema de registración financiero presupuestario.
Por otro lado remarca que durante los años 2018 y 2019 se habrían entregado fondos con cargo de rendición a los responsables de las distintas etnias sin que se hubiese rendido el destino asignado a los mismos, como así también retiro de dinero de la cuenta bancaria sin asignación específica y sin intervención del área contable.
Por estas razones, a principios de este mes el Gobierno decidió intervenir al organismo a través de un decreto.
