El sector productivo santafesino se encuentra en una situación crítica: en lo que va del año, ya cerraron sus puertas 1.500 Pymes en la provincia, como parte de un contexto nacional que suma 15.000 cierres en todo el país.
La crisis fue motivo de una protesta multitudinaria en Rosario, realizada en la intersección de las peatonales Córdoba y San Martín, donde empresarios y cooperativistas expresaron su preocupación por el cierre masivo de empresas y el impacto sobre el empleo local.
Además, durante la manifestación presentaron ante la Convención Constituyente un proyecto para que las Pymes sean explícitamente reconocidas en la nueva Constitución de Santa Fe como actores esenciales del desarrollo económico. La iniciativa ya obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Funcionamiento del Estado y de Poder Legislativo y Ejecutivo.
Magalí Villanueva, secretaria territorial de ENAC Santa Fe, destacó cifras clave: “Las Pymes y cooperativas generan el 40% del PIB provincial, representan el 98% del sector privado y generan el 70% del empleo formal. Además, impulsan el 60% de los proyectos tecnológicos locales”.
El sector más afectado es el metalúrgico, aunque la problemática abarca también a otros rubros. Villanueva explicó que varias empresas operan a menos del 40% de su capacidad, lo que aumenta la presión para el cierre permanente.
Las entidades empresariales reclaman más visibilidad institucional: proponen priorizar a estas empresas en licitaciones públicas, y la creación de un Consejo Provincial de Pequeñas y Medianas Empresas como órgano consultivo.
El reclamo llega en un momento en que el Gobierno nacional eliminó la Secretaría Pyme, lo que generó alarma entre los empresarios debido a la pérdida de canales institucionales de apoyo. Desde la CAME advirtieron que esto priva al sector de herramientas clave para su crecimiento y competitividad.
El pedido por parte del sector pyme santafesino no solo busca asistencia temporal, sino un marco estable de reconocimiento constitucional. La inclusión de las Pymes en el texto fundamental del Estado se proyecta como un paso estratégico para garantizar políticas económicas sostenibles y protección al empleo local.
