Luego de que el municipio intimara a locales de galerías comerciales a cambiar su categoría de habilitación, o caso contrario serían clausurados, se presentó en el Concejo Municipal un proyecto para que el Ejecutivo "brinde mayor seguridad jurídica a comerciantes".
Días atrás se conoció la noticia de que 900 locales de galerías céntricas serían clausurados si no cambiaban su categoría de propiedad horizontal a centro comercial. Si bien más tarde desde el municipio le bajaron el tono a la disputa, la concejala de Cambiemos, Germana Figueroa Casas, presentó un proyecto al respecto.
Concretamente, elevó un pedido de informes para encomendar a la Municipalidad a que un plazo no mayor a 30 días explique las razones concretas por las que emitió esta intimación.
"Creemos que el Ejecutivo debe una explicación sensata y clara sobre por qué primero intimó a las galerías del Centro de la ciudad, exigiéndoles una recategorización bajo apercibimiento de clausura, y luego dio marcha atrás aduciendo ´un contexto económico complejo´", señaló la edila.
"Desde Cambiemos, nos preocupa y ocupa la actividad comercial e industrial de la ciudad, y reconocemos que estamos atravesando un escenario económico difícil, pero justamente por ese motivo el Estado municipal debe brindar seguridad jurídica a los comerciantes de la ciudad", apuntó.
"Es función de la Municipalidad reglamentar y aplicar el marco legal dentro del cual los comerciantes de Rosario pueden realizar su actividad", señaló la concejala. Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo "debe ejercer el control pertinente pero siempre garantizando el pacífico ejercicio de tal actividad sin generar inseguridad jurídica ni cambiando las reglas de juego".
En ese sentido, pidió que la Municipalidad informe la cantidad de actas que se labraron en lo que va del año 2018 a los comercios ubicados en galerías organizadas en propiedad horizontal por no exhibir el certificado de habilitación de centros comerciales.
También solicitó que se informe cantidad de intimaciones cursadas en el corriente año solicitando gestionar tal documentación bajo apercibimiento de clausura y las normativas sobre las que fundaron tanto las actas como las intimaciones.
