El gobierno provincial denunció irregularidades en la venta de inmuebles en el sur del territorio santafesino. El Registro general de la Propiedad detectó operaciones inmobiliarias realizadas con documentos apócrifos con el objetivo de quedarse con campos y propiedades. La estafa rondaría los 200 millones de pesos.
Las denuncias se presentaron la semana pasada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Las maniobras generaron sospechas y comenzó una tarea investigativa en la administración provincial, que ya dio frutos. "A través de un documento apócrifo, en el cual el dueño original de la propiedad autorizaba a un tercero a venderla, se hacía la transacción", explicó el subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza. Y agregó: "Ahora será el MPA quien deberá investigar esta situación".
En la denuncia, el funcionario precisó que "se habrían llevado a cabo conductas que afectarían a la administración pública, a la fe pública registral, al derecho de propiedad y al orden socioeconómico".
Las propiedades que están siendo investigadas son tres lotes de terreno de campo ubicados en las localidades de San Eduardo, Maggiolo y Venado Tuerto, y seis inmuebles ubicados en Venado Tuerto, dentro del departamento General López.
El subsecretario de Asuntos Registrales destacó que el trabajo lo llevaron adelante los empleados del Registro de la Propiedad, que actuaron tras la presentación de un escrito por parte de la abogada de uno de los damnificados.
"Hay que destacar el proceso de modernización y digitalización que venimos llevando adelante en el área, lo que nos permitió poder conseguir rápidamente la información y realizar las investigaciones administrativas que nos corresponden como funcionarios públicos, de las que surgieron varios episodios y maniobras similares, vinculados con distintas propiedades, todas en el sur de la provincia", remarcó a La Capital.
El funcionario acompañó la denuncia presentada en Fiscalía con las copias de todos los legajos presuntamente falsificados, para que sean examinados y solicitó al MPA que determinen las responsabilidades penales que puedan caber.
