Más allá de las crisis de turno, en la última década se ha venido achicando el sector fabril en Rosario. Cada vez más empresas deciden cambiar la ciudad por localidades aledañas, debido a una política municipal que desincentiva este tipo de inversiones a través de enormes exigencias, y en cambio parece favorecer una matriz económica sustentada en el comercio y los servicios.
Se trata de una lógica que interpreta a la industria como un foco contaminante, generador de ruidos y molestias para los vecinos. El Código Urbano fue el instrumento legal para ordenar al sector y confinarlo a la periferia, pero el cuerpo normativo aprobado a la par lo terminó por empujar fuera de la ciudad, ya que el industrial debía donar espacio público, hacerse cargo de toda la infraestructura básica de servicios públicos, abonar altísimas tasas, entre otros puntos críticos.
En síntesis, al inversor le resulta mucho más conveniente irse a Villa Gobernador Gálvez, por ejemplo, para no tener que cargar con todo esto, que quedarse en Rosario. El problema de esta visión es que no contempla la gran cantidad de puestos laborales que de este modo se pierden, invaluables en momentos como el actual.
Es por eso que el intendente Pablo Javkin aprovechó la apertura de sesiones del Concejo Municipal para anunciar el envío de un proyecto de Ordenanza General para el Suelo Industrial y Promoción de Inversiones. La idea es ordenar en un único cuerpo normativo toda la legislación en la materia, estableciendo una drástica reducción de las cargas a los desarrollos industriales y tecnológicos, y ampliando las zonas potables de recibir estos emprendimientos.
"Hoy tenemos el problema de que muchas industrias quedaron atrapadas en territorio urbano y no saben dónde ir, y también contamos con una legislación agresiva contra inversiones externas de este tipo en la ciudad", manifestó María Eugenia Giovanonni, subsecretaria de Producción, en diálogo con Vía Rosario.
Para incentivar a ambos grupos, se armó un régimen promocional fiscal con beneficios de un 50% en el pago del Drei por dos años para radicaciones individuales, y por cinco años para agrupamientos industriales. El plan incluye además una modificación de los indicadores urbanos aceptando parcelas mínimas más pequeñas, mayor altura edificable y la posibilidad de usos industriales más restringidos, previo informe ambiental.
Por otro lado, se exime de la donación de espacio público y equipamiento comunitario, se crea un fondo especial para el desarrollo de infraestructura y contribución de mejoras y se aplica una sobretasa del pago de TGI en baldíos de áreas productivos en desuso. Este último ítem busca evitar la especulación con tierras productivas. "El objetivo es recuperar la industria, fomentar inversiones y apuntalar nuevas zonas de radicación", sintetizó la funcionaria municipal.
