La denuncia realizada por el actual intendente, Víctor Kieffer, en 2015, tras asumir su cargo frente al Municipio de Villa Santa Rosa, fue investigada por la Justicia que acaba de imputar al ex mandatario justicialista, Raúl Rodríguez Moyano, por abuso de autoridad y defraudación calificada en perjuicio de la administración pública.
Según se desprende de la causa que lleva adelante el fiscal Anticorrupción Matías Bornancini, Rodríguez Moyano habría desviado 12,2 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de 52 viviendas del programa nacional Techo Digno, aparentemente para pagar salarios y gastos del municipio, modificando el destino específico de los fondos.
Lo cierto es que el dinero fue recibido por el Municipio al certificar los avances de un 98 por ciento de obra, aunque en la realidad sólo se hubiese completado un 40 por ciento. Por ello también se hizo responsable a Ariel Mirra, quien en la gestión de Rodríguez Moyano se desempeñaba en el área de Desarrollo Urbano y habría sido quien firmó las certificaciones con datos falsos.
Bornancini también citó a indagatoria a Luis Martinelli, secretario de Gobierno de Rodríguez Moyano; a Ariel Mirra y a Cecilia Companys de Hacienda.
Y en el medio las familias
Con el cambio de gestión y las viviendas a medio construir, las familias adjudicatarias se sintieron a la deriva. Fueron muchos meses de total incertidumbre y de volver a depositar su confianza en una nueva gestión municipal.
El 16 de noviembre, el intendente Víctor Kieffer, pudo entregar las primeras 27 viviendas del plan, 26 del programa nacional Techo Digno, y una más construida con fondos municipales adaptada para discapacitados.
En esa oportunidad, el mandatario informó que en marzo o abril de este año, se podrían estar entregando las restantes, para así completar este plan después de muchas gestiones en Nación para certificar la falsedad de la documentación presentada anteriormente y lograr nuevos subsidios para poder terminarlas.
Más repercusiones
El convenio por las viviendas habría tenido un nexo en Santa Cruz. Este contemplaba un sistema especial en la construcción, en base a modelos livianos y económicos, lo que les sirvió de fundamento para la contratación directa con la cooperativa 11 de Septiembre, con sede en Caleta Olivia, la cual no pudo ser detectada.
Sí se pudo comprobar el pago de más de 3 millones de pesos a quien era supuestamente el presidente de la cooperativa, Milton Bandiera, quien también está imputado.
Los fondos eran manejados por De Vido. La causa es llevada a cabo en la Justicia Provincial por el fiscal Bornancini quien también decidió imputar a cuatro concejales de Rodríguez Moyano, por aprobar una ordenanza de presupuesto que modificó disposiciones anteriores que obligaban a llamar a licitación cuando las erogaciones superasen los dos mil pesos.
Esta modificación posibilitó la compra directa y facilitó el convenio con la supuesta cooperativa de Santa Cruz concretado un año antes, con una particularidad: en el texto se señalaba que la ordenanza tenía efecto retroactivo. Los concejales imputados son Clara Acosta, Héctor Rebuffo, Luis Casas y Andrea Giraudo, por abuso de autoridad.
