Tras las denuncias de Greenpeace, que da cuenta de la continuidad de los desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques, desde la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco informaron que las autorizaciones fueron suspendidas durante 2018. Además, reclamaron que desde la Nación no se cumple con el envío de fondos previstos por la ley nacional, este quieren actualizar el ordenamiento territorial.
En un informe difundido a fines de diciembre de 2018, Greenpeace señaló que "las modificaciones de las leyes ambientales no deben significar un retroceso en los niveles de protección alcanzados con anterioridad, sino por el contrario incrementarlos". En este sentido expresaron que "todo retroceso atenta contra principios ambientales consagrados en la Ley N° 25.675 General del Ambiente".
"A ello se agrega el principio de 'no regresión ambiental', el cual fue consagrado por resolución del Congreso Mundial de la Naturaleza en el marco de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza", expresó el informe. Esto también estaría incorporado en la resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMA) que la Subsecretaría de Recursos Naturales cita, pero para autorizar el avance sobre las zonas prohibidas por la ley.
En este sentido, la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco aseguró que son "la jurisdicción con mayor inversión en control, equipamiento, recursos humanos, puestos de fiscalización móviles, delegaciones territoriales, tecnología en todas sus áreas".
Por otra parte, alertaron que la provincia "recibió apenas cuatro pesos por hectárea de bosque existente. Esto se debe principalmente a que el gobierno nacional históricamente nunca constituyó el fondo como lo establece la ley".
"Año a año se integra este fondo, con montos que no superan ni el 10% de lo que ordena la Ley de Bosques. Este financiamiento es el único recurso que tienen las provincias para combatir la deforestación y poder contrarrestar la presión que se ejerce el avance de la frontera agropecuaria contra el bosque nativo", comentaron desde la Subsecretaria.
"La conservación del bosque tiene un costo, y cada vez es más alto. Las provincias necesitan poder disponer de más recursos que por Ley le corresponden", concluyeron.
A partir de 2012, productores iniciaron presentaciones ante el Estado solicitando la revisión de la categoría de conservación que les fue asignada por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN). Apelaron a la capacidad agrícola de los predios. Estos pedidos, se enmarcaron en la Resolución 236/12 de CoFeMA que habilitó la posibilidad de que se realicen estos cambios.
Los pedidos presentados fueron considerados y sometidos a un proceso de evaluación. Efectuaron el análisis y auditorias por los equipos técnicos, se convocó al proceso de participación ciudadana para cada caso, se puso a disposición de la ciudadanía la documentación y los expedientes; y se publicaron todos los pasos en la web oficial, hasta su aprobación.
Desde el organismo provincial, informaron que desde 2012 se presentaron 100 pedidos de cambio de categoría del OTBN, de los cuales a partir del proceso de evaluación, se registró la aprobación de 53 casos por un total de 33.797,92 hectáreas de cambio de uso de suelo. Todavía existen unos 47 pedidos no aprobados.
Todos estos proyectos autorizados transitaron el proceso de evaluación, de auditorías, de participación ciudadana y de publicación, previo a su autorización. No obstante, la normativa que habilita las presentaciones fue suspendida.
Teniendo en cuenta el planteo de Greenpeace, se elevará un proyecto a las autoridades superiores a los fines de dejar sin efecto las normas aludidas y cancelar de manera definitiva aquellos trámites en curso. Invitarán a todos los actores y ONGs para participar del proceso de actualización del ordenamiento territorial.
Comenzará este año con campañas informativas para que primero accedan a la información y luego habrá distintas instancias de participación que acredite la opinión de los interesados. Según publicó Día por Día.
