Crece la tensión social en la comunidad chaqueña, tras haberse cumplido un mes de la ocupación de los terrenos en el ex predio del Ejército, en la zona ubicada conocida como “La Rubita”, sin que las autoridades judiciales hayan dado una solución a la situación. La mediación convocada por la jueza federal Zunilda Niremperger para analizar alternativas de solución no dejó definiciones y en reuniones con distintas autoridades del Estado, empresarios de la construcción, el Colegio de Corredores inmobiliarios y la Cámara de Desarrolladores urbanos han planteado la situación de inseguridad jurídica que advierten para cualquier tipo de inversión.
Como se sabe, la semana pasada, la jueza volvió a convocar a autoridades provinciales y nacionales para que dieran su visión del asunto complejo, pero solo asistieron funcionarios de la provincia. Mientras tanto, las más de 400 familias que allí se instalaron fueron relevadas por policías y gendarmes, y siguen levantando con distinto materiales las precarias viviendas. Recordemos que en el mismo espacio, cuando se generó una conexión clandestina de energía eléctrica, operarios de la empresa energética SECHEEP que fueron a eliminarla, terminaron amenazados con armas de fuego por los usurpadores.
En el mediodía del miércoles, la jueza Niremperger reconoció ante una consulta de periodistas, admitió que "Si no hay solución integral de los organismos del Estados, la justicia debe actuar y deberé dar la orden de desalojo, porque el predio es propiedad del Banco Hipotecario Nacional".
Cuando se le recordó que ya se había dado una orden de desalojo, hace dos semanas atrás, por la misma justicia federal, la jueza explicó: “Eso quedó postergado por la necesidad de diálogo con los usurpadores y poder dar intervención a los organismos del Estado que den una solución integral a la problemática social de estas familias, en cuanto a vivienda, agua y asistencia alimentaria”.
