El decreto N° 1036, el Gobernador dejó sin efecto la ley sancionada por los diputados, que se refería a que el Estado abone intereses por la demora, en el depósito de los sueldos a los empleados provinciales.
Dicha ley sancionada en la Legislatura, establecía que vencido el plazo máximo de cuatro días hábiles para hacer el pago, se entraría en mora, debiendo el Estado abonar una tasa de interés. El veto apunta que el Estado no tiene recursos actuales con los que pudiera afrontar dichos intereses.
