El intendente Leonardo Viotti ha elevado una propuesta al Concejo Municipal para cederle al Gobierno Provincial un predio ubicado sobre Avenida Italia con el fin de construir una alcaldía con capacidad para 240 reclusos. La iniciativa ha generado un intenso debate en el ámbito político y social de la ciudad. El bloque de concejales no oficialista dejó claramente sentado su rechazo a la propuesta, brindando los argumentos de tal decisión.
“Estamos de acuerdo con que se erradique la alcaidía que funciona en la Jefatura de Policía, en pleno centro, pero no queremos, ni nosotros ni la inmensa mayoría de los rafaelinos, que se la reemplace con la construcción de una cárcel”, planteó Senn. “Ya que se pretende que esta unidad penitenciaria tenga un alcance regional, no tiene por qué ser Rafaela la ciudad que la contenga ni tampoco tiene por qué estar dentro del área urbana, a metros de los barrios Mora, Zazpe, Virgen del Rosario, Italia y San José”, agregó el concejal. “Pueden analizarse otras opciones de emplazamiento que no impliquen un perjuicio para nuestra comunidad”, propuso.
Por su parte, Caruso aclaró que desde el oficialismo se la denomina con el eufemismo de “nueva alcaidía” para restarle relevancia, suavizar el impacto negativo y confundir a la población: “no debemos distraernos con esto, se trata lisa y llanamente de una cárcel, una penitenciaría con capacidad para nada menos que 240 reclusos cuando la que funciona en la Jefatura es para 50. Si se continúa con la lógica de la alcaldía actual, se va a superar ampliamente esa capacidad”, señala la concejal.
Inseguridad: no es una solución, sino un agravamiento
Asimismo, el bloque considera que un complejo penitenciario de tal tamaño puede ocasionar problemas de inseguridad difíciles de manejar, sobre todo para una gestión municipal a la que consideran improvisada y deficiente.
“La delincuencia aumenta de manera sostenible en nuestra ciudad, vemos multiplicarse a diario las noticias de robos y hurtos en diferentes barrios, y según el M.P.A., en 2024 aumentaron un 25% los delitos en Rafaela y zona. ¿Necesitamos agregar una cárcel a esta situación? ¿Cómo actuaría la Municipalidad ante una emergencia relacionada con el funcionamiento de un penal de esas características?, se pregunta Racca, quien obviamente ve a un Intendente que no se opone a las presiones del gobierno provincial en este sentido.
Conflictos urbanos
Por su parte, Soltermam señala que el espacio elegido para el proyecto implicaría un retroceso para la zona norte de la ciudad.
“En las gestiones anteriores se hicieron grandes esfuerzos por fortalecer positivamente el norte de la ciudad, integrándolo con infraestructura, con obras y servicios de calidad, como el Hospital Regional, la escuela multinivel, la extensión de muchas cuadras de pavimento, la generación de nuevas urbanizaciones, la creación de espacios verdes, pero todo eso ahora puede retroceder con la instalación de una cárcel allí”, observa la concejal. “La misma estaría lindante a la urbanización del Club Atlético, entonces por un lado aprobamos un desarrollo y por otro le ponemos una cárcel adentro”, agregó.
En el mismo sentido continúo, “un penal en Rafaela propiciaría un ecosistema conflictivo dadas las visitas de familiares de los internos desde otras ciudad que, en muchos casos, no permanecen solo durante un día, sino que pernoctan en las inmediaciones, generando acumulación de vehículos, desperdicios, ruidos molestos, entre otros inconvenientes. Esto atenta contra el crecimiento armónico de la ciudad, afecta la planificación urbana y limita su expansión”.
Un perjuicio para la identidad rafaelina
Asimismo, los concejales no oficialistas consideran que la construcción de la cárcel afectará la identidad de Rafaela.”Queremos seguir siendo la ciudad productiva, la ciudad universitaria, esa Rafaela que con orgullo supo ganarse el nombre de Perla del Oeste, no queremos pasar a ser “la ciudad de la cárcel”, como sucede por ejemplo con Coronda, una ciudad cuyo nombre directamente se relaciona con un presidio”, destacan.
En el años 2005 la decisión de avanzar con esta obra se vio descartada por la resistencia ciudadana, los ediles creen que Viotti busca este momento del año en que la gente está concentrada en otras cuestiones para que no se informen sobre esta decisión que ha tomado a puertas cerradas, sin discutir e intercambiar detalles con las instituciones de la ciudad. Sólo haciendo valer su mayoría automática en el Concejo, ante ediles que aprueban sus proyectos sin animarse a discutirlo ante las consecuencias que ello puede generar. “Serán recordados como los Concejales que trajeron una cárcel en Rafaela, vaya a saber a cambio de qué”, según Senn.
Inconsistencia presupuestaria
Este es otro punto de preocupación. “Los números no son claros”, señala Racca, porque “mientras que el Ejecutivo Municipal menciona una inversión de 25.000 millones de pesos, el presupuesto provincial total previsto para la obra es significativamente menor, de 4.900 millones”, lo que genera dudas sobre la viabilidad del proyecto y sus costos reales.
“Es mucho lo que se podría hacer para Rafaela con esa plata y no se está haciendo, pero en cambio se pretende avanzar con una obra muy costosa, que no beneficiará a la ciudad y que nadie quiere tener, la verdad es que no se entiende cuáles son las prioridades de esta gestión”, concluye Soltermam.
