La Justicia provincial aclaró que no existió ningún robo ni un escándalo institucional en el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, luego de versiones que circularon en medios locales sobre un presunto faltante de dos millones de pesos. El episodio estuvo vinculado a una irregularidad administrativa en el manejo de una caución en dólares, el dinero apareció, fue restituido y el expediente judicial quedó cerrado.
De acuerdo con fuentes judiciales, la situación se originó en noviembre, a partir del depósito de una caución para la liberación de un odontólogo imputado en una causa por robo de maquinaria. En ese marco, se produjo una confusión respecto del monto y la naturaleza del dinero involucrado.
Desde el ámbito judicial precisaron que no se trató de pesos, sino de una caución de 10.000 dólares, de los cuales inicialmente se detectó el faltante de 2.000 dólares. Además, se remarcó que el dinero nunca debió haberse recibido en efectivo, ya que los protocolos vigentes establecen que este tipo de depósitos debe realizarse únicamente a través de cuentas judiciales habilitadas.
La irregularidad fue atribuida a un error administrativo en el área de secretaría, mientras que se aclaró que el magistrado a cargo del juzgado no tiene intervención directa en la recepción ni en la custodia de los fondos. Al advertirse la situación, el juez ordenó de manera inmediata la apertura de un sumario administrativo y la realización de peritajes, entre ellos el levantamiento de huellas dactilares.
Los estudios realizados indicaron que los rastros correspondían a personal con acceso habitual a la caja fuerte, lo que permitió descartar la existencia de un hecho delictivo o la intervención de terceros ajenos al juzgado. Con el avance de las actuaciones, la totalidad del dinero fue hallada y posteriormente devuelta al abogado defensor del imputado, quien dejó constancia formal de la restitución.
En la actualidad, el expediente judicial vinculado al supuesto faltante se encuentra cerrado. El caso fue informado al Superior Tribunal de Justicia y continúa únicamente un sumario administrativo interno, destinado a establecer responsabilidades por el incumplimiento de los procedimientos de depósito establecidos.
