La justicia de Iguazú reveló el horroroso panorama de las violaciones intrafamiliares de menores, registradas en la zona de Andresito, a razón de dos a tres casos mensuales. Esto ha venido ocurriendo al menos en el último año, señalaron el juez de Instrucción 3º de Iguazú, Martín Brites, y el secretario del mismo juzgado, Gustavo Recalde.
La repetición de este tipo de delitos fue confirmada luego de la salvaje violación de un padre a su hija de 5 años descubierta y grabada "in fraganti" por sus vecinos de Andresito. Brites y Recalde señalaron el hecho a Vía Posadas y a MisionesOnline.
La misma tendencia se manifiesta en los estrados judiciales, señaló por su parte El Territorio. En el Tribunal Penal Uno de Posadas, seis de los primeros diez debates que se programaron para este 2019 son por delitos contra la integridad sexual.
El primero de los juicios por casos de abuso, fijado para el 12 de marzo, se realizará a puertas cerradas excepto la instancia de alegato y sentencia. Una estimación de los casos que llegan a juicio, indica que el 60% de los debates son por delitos contra la integridad, un 30% por casos de homicidio y el 10% por otros delitos.
Los jueces Brites y Recalde indicaron que no todos los casos que ocurrieron en Andresito, o en otros puntos de la provincia, llegaron a ser conocidos por la opinión pública.
En 2015, un hombre de 41 años que dopaba a su esposa para luego violar a sus dos hijas adolescentes fue detenido en Andresito. Las víctimas, de 16 y 17 años, decidieron romper el silencio cuando advirtieron que el padre había comenzado a abusar de su hermana menor de ocho años.
El año pasado, una pareja de Andresito fue condenada a 10 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado y por corrupción de menores. La madre era partícipe necesaria en las violaciones a su hija, pues sostenía los brazos de la niña de 8 años, mientras su padre la sometía. Su hermana, de siete, fue manoseada por la madre.
Los acusados por abuso sexual enfrentan una sentencia de entre seis y quince años de prisión, aunque si existen agravantes la expectativa de pena asciende de entre ocho y 20 años de prisión. El agravamiento se produce cuando existe un vínculo biológico, hay convivencia o el menor sufre lesiones.
Una ley sancionada el año pasado obliga al Estado a actuar de oficio ante los delitos de abuso sexual infantil. Hasta ahora, este tipo de casos eran considerados de orden privado y la acción penal sólo se iniciaba a pedido de la víctima o de sus familiares o tutores.
Estadísticas extraoficiales indican que el 52% de las víctimas de abuso sexual suelen ser menores de edad. Pero sólo el 10% de llega a la Justicia porque suelen ser ocultados dentro del propio grupo familiar.
