Este miércoles, el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación, por la contratación de familiares y de “Pitty”, la numeróloga, en la entidad bancaria.
El funcionario acusó a la exministra de Economía por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado. También fue imputada María del Carmen Barros, la gerenta general del Banco Nación.
En la denuncia se establece que Batakis y Barros, sin contar con el aval del directorio, habrían intervenido en el ámbito de sus funciones para la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como ‘Pitty, la numeróloga’ para un “un curso de coach” por la suma de $1.800.000.
Así como también la designación de Héctor Javier Silva, exmarido de Silvina Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA, y el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de la gerenta, al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA.
Además, el fiscal investiga el nombramiento de un amigo de Barros, Maximiliano Piantanida, en el cargo de Gerente Departamental del BNA.
Por otro lado, la titular del BNA está acusada de aprobar a través de una carta, sin consultar y sin someter a votación, que la gerente general de la entidad, comenzara a cobrar una desorbitante cifra.
Conformado con premios y bonos, el sueldo que percibe Barros se acerca a los 9 millones de pesos. Su primer cobro fue equivalente a US$15.000.
El argumento que usó Batakis es que en otros bancos, incluso en aquellos que son públicos, el gerente general tiene un salario de esa dimensión, por lo que correspondía habilitar esa suba. Sin embargo, el directorio cuestionó la decisión no solo por haberla tomado de manera unilateral, sino por el contexto económico pos PASO en el que lo definió.
La polémica con Barros no termina ahí: la mujer está en pareja con Juan Manuel Romero, integrante del equipo de manejo de los camiones de caudales del banco.
Consta en los registros que Romero va poco a trabajar. Por ese motivo, le hicieron un sumario porque no se presenta a hacer las recorridas, pero usa la tarjeta corporativa para comprar combustible. Desde el directorio, sospechan que tienen un arreglo con las estaciones de servicio y vende esos vouchers para tener otro ingreso.
Además, tiene una denuncia penal porque la única vez que fue a trabajar intentó viajar en el camión de caudales a Bariloche y quiso llevar a un amigo. Ante esa situación, la Policía de la Ciudad lo retuvo en un operativo y elevó la queja porque no está permitido.
