La Liga de Gobernadores del oficialismo se reunió este viernes en La Plata y dio su apoyo a la gestión de Sergio Massa en el ministerio de Economía, con pedidos específicos para que el apretón fiscal no toque la obra pública nacional en sus distritos y un planteo para acelerar la redistribución de subsidios al transporte entre el AMBA y el resto del país.
Este grupo está conformado por dieciséis provincias, en su mayoría gobernadas por el peronismo. A La Plata viajaron diez mandatarios y tres enviaron representantes. Lejos quedó aquel intento inicial por armar un grupo fuerte y cohesionado de 24 mandatarios para apurar leyes en el Congreso. El diálogo con los opositores no prosperó.
Con Áxel Kicillof como anfitrión, la Liga tuvo su tercer encuentro con la presencia de Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Jorge Capitanich (Chaco), y Sergio Ziliotto (La Pampa).
Tierra del Fuego, Santa Cruz y Catamarca enviaron vices. Río Negro, Misiones y Salta se ausentaron y no adhirieron al comunicado. Este grupo impulsado por Capitanich por el descontento con la gestión de Fernández se había reunido ya dos veces desde su conformación el 24 de junio en Chaco. La anunciada cumbre de Bariloche, a la que iban a invitar a opositores, nunca se hizo.
Cinco planteos
Del almuerzo en la casa de Kicillof, surgió un compendio. No menciona a Massa, pero está dirigido a él, quien hoy tiene la lapicera en la gestión Fernández. Con el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, a la cabeza, Economía comenzó a afinar el proyecto de Presupuesto 2023 que inició Martín Guzmán, continuó Silvina Batakis y ordenó reacomodar Massa. Todo en 45 días.
En el documento, los mandatarios plantearon cinco temas: hablan de la “necesidad de aunar esfuerzos y voluntades” para reducir la inflación, sostener el crecimiento de la economía, potenciar el empleo productivo a través del desarrollo de las cadenas de valor en cada una de las economías regionales y mejorar el ingreso disponible de las familias argentinas.
Para eso, plantearon una serie de medidas concretas. En primer lugar, enviaron un mensaje a Juntos por el Cambio, al sostener que desean propiciar un amplio consenso para obtener la sanción del Presupuesto 2023 con “criterio federal e inclusivo”, a los efectos de evitar lo ocurrido en diciembre cuando cayó en Diputados el proyecto que había enviado Guzmán.
Los gobernadores no quieren que el proyecto de ley sea objeto de “disputas sectoriales ni especulaciones electorales”. En concreto, la ausencia de la norma le da a la Casa Rosada un mayor poder de discrecionalidad en el manejo de fondos. Y en 2023 habrá elecciones. Ellos quieren certezas sobre fondos y obras con los que contarán, sin la necesidad de –como están haciendo ahora- viajar una vez por semana a Buenos Aires para reunirse con ministros.
Asimismo, plantearon que pretenden garantizar la continuidad de los programas de obras públicas y viviendas con el objeto de dinamizar la actividad económica y facilitar el acceso de los derechos sociales de sus comunidades locales. Si bien no lo explicitan, el temor de los mandatarios es que la tijera de Massa vaya más allá de los subsidios energéticos.
Según informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las transferencias a las provincias –por fuera de la coparticipación federal- habían crecido 13,1% en términos reales (descontando la inflación) en el primer semestre. Con Batakis bajó al 12%, con 311.966 millones de pesos en los primeros siete meses del año. Y ahora hay temor de que la guadaña para la reducción del déficit fiscal nacional pase por allí.
Inflación: sin propuestas macro
En materia de inflación no hay una propuesta concreta a nivel macroeconómico. Los gobernadores solo postulan la idea de promover la disponibilidad de la producción de alimentos de buena calidad y precios accesibles, coordinando acciones entre los distintos niveles estatales (Nación, Provincias y Municipios) para desplegar “redes de proveedores locales y mercados populares”.
Los gobernadores también quieren generar una articulación entre las provincias para conformar una red federal de laboratorios públicos y proveedores locales para reducir el precio de insumos y medicamentos genéricos. Nación había firmado el 19 de julio un acuerdo con los laboratorios para que los incrementos vayan por detrás de la inflación.
Cuando asumió en el cargo a principios de agosto, el nuevo secretario de Comercio, Matías Tombolini, ordenó un relevamiento y confirmó que los laboratorios no habían cumplido. “Van 11 días de agosto y ya tenemos 193 productos que están por encima del aumento que estaba acordado”, se quejó el funcionario massista y dijo que en el año algunos productos medicinales subieron 135%.
Planes sociales y subsidios
Los gobernadores peronistas pidieron desarrollar “los mayores esfuerzos de coordinación” para transformar planes sociales en empleos genuinos, y al mismo tiempo proteger el ingreso de las familias mediante políticas tarifarias que contemplen principios esenciales de equidad y accesibilidad, en el sentido de preservar la estructura de ingresos y consumos.
En este sentido, dijeron, es necesario resolver las asimetrías en materia de subsidios de transporte público entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto del país. Y plantearon que Massa cumpla con lo prometido por Fernández semanas atrás en Chaco, para que haya un “sendero de tarifas energéticas compatibles con el mayor consumo en zonas específicas del país”.
