Después de una semana de victorias parlamentarias con la aprobación de la Ficha Limpia en la Cámara de Diputados y el avance de la suspensión de las PASO en el Senado, el presidente Javier Milei perdió el control de la agenda y quedó repentinamente acorralado por la oposición. El escándalo por el alza y el sucesivo derrumbe de la criptomoneda $LIBRA tiene consecuencias aún impredecibles en el Congreso, donde ya se dan las primeras reacciones concretas.
La ofensiva más contundente contra Milei la encabeza el bloque de diputados de Unión por la Patria, que presentó este lunes a las 17.30, en conferencia de prensa, un pedido de juicio político contra el presidente por haber estado al frente de lo que consideran una “megaestafa” calculada en 87 millones de dólares.
En dicha conferencia, el líder parlamentario de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó el episodio como “un escándalo sin precedentes” y “una estafa de enorme escala” que puede tener “consecuencias graves para la Argentina” y “trasciende fronteras”. Por eso, consideró que “requiere una respuesta institucional de la misma proporción”.
“Lo sucedido es gravísimo. Al menos desde el punto de vista legal puede tener consecuencias graves para la República Argentina (...) Es un escándalo que trasciende las fronteras de la Argentina. Tiene una gran repercusión puertas adentro pero también en el plano internacional. La estafa se está analizando en forma global”, expresó el presidente del bloque Germán Martínez durante la conferencia de prensa.
Los diputados del bloque están convencidos de que el escándalo golpea duro a Milei, porque tocó a la propia base libertaria. Para dimensionar la preocupación del Gobierno, algunos aseguraron haber recibido llamados del asesor Santiago Caputo para frenar un intento de juicio político. No obstante, el proyecto ya está casi listo para ser ingresado. No hubo fisuras en la decisión, que se tomó el sábado en una reunión virtual convocada de urgencia.
Aunque consideran que el juicio político es el mecanismo “que más se adapta” a la circunstancia, están dispuestos a negociar con otros bloques para que la investigación contra el presidente prospere como sea, en el ámbito del Congreso y no del Poder Ejecutivo, como pretende Milei al involucrar a la Oficina Anticorrupción.
“Compartimos el deseo de llevar a fondo una investigación. Hay otros que no quieren. En lugar de hacer oposición del oficialismo, son oposición de la oposición”, advirtió Martínez, en un tiro por elevación al PRO y la UCR. Los únicos que, hasta el momento, no impulsaron ninguna iniciativa concreta para dilucidar la polémica.
“Los argentinos tienen que saber si tienen un presidente estafador, o si pasa una estafa por sus narices y no se da cuenta”, aseveró el líder de Unión por la Patria. “El presidente está confundiendo su rol, lo ha desvirtuado”, aportó el massista Ramiro Gutiérrez. “Los propios militantes de Milei sienten vergüenza de lo que pasó”, remató la kirchnerista Vanesa Siley.
Al pedido de juicio político de Unión por la Patria se suma otro ya presentado por los diputados más intransigentes del bloque Encuentro Federal, que lidera Miguel Pichetto. Sus impulsores son los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, junto a la cordobesa Natalia De la Sota, quien suele moverse con independencia entre los representantes del PJ local.
“Tenemos al único presidente del mundo que se ocupa de promocionar, personalmente, una estafa desde sus redes sociales. Todo tiene un límite. Esto no se arregla borrando un tweet”, había manifestado De la Sota el sábado por la mañana, cuando surgían las primeras repercusiones políticas del episodio.
Los proyectos de ambos bloques reabren el interrogante sobre la situación de la Comisión de Juicio Político. Es que, en abril del año pasado, el bloque libertario tuvo una fuerte interna por la conducción de esa comisión, que terminó con la salida de su entonces jefe de bloque, Oscar Zago, y su reemplazo por el cordobés Gabriel Bornoroni.
Por aquel entonces, Zago promovió como titular de la comisión a la periodista Marcela Pagano, con el supuesto aval de Milei. Sin embargo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, suspendió la reunión constitutiva minutos antes de su inicio, sin explicaciones. En medio del desconcierto, los diputados reunieron quórum y nombraron a Pagano. Menem luego desconoció la reunión y argumentó que no había acuerdo en torno a la figura de Pagano.
Al día de hoy, Menem sostiene que la reunión no fue válida, por lo que debería convocarse a una nueva para designar autoridades. Unión por la Patria necesita destrabar esa situación para poder darle curso al juicio político. Una alternativa para el bloque es la de emplazar a la comisión en la próxima sesión que se realice, pero necesita acompañamiento de otros bloques opositores.
Por lo pronto, Pagano fue una de las pocas diputadas oficialistas que salió en defensa de Milei, sosteniendo que el presidente no estaba en ejercicio de sus funciones cuando publicó el tuit. “No se es funcionario público las 24 horas”, afirmó. En las huestes libertarias se despegan de ese argumento y prefieren esperar a que sea Milei quien, en la entrevista televisiva que brindará este lunes por la noche, marque la línea discursiva a seguir.
Por fuera de los pedidos de juicio político, en los bloques de la oposición dialoguista promueven alternativas menos extremas para darle intervención al Congreso. Democracia para Siempre, el bloque de radicales disidentes a Rodrigo De Loredo, presentó este lunes un proyecto para crear una comisión investigadora por la conducta de Milei “que derivó en la promoción de la criptomoneda $LIBRA y en la generación de millones de dólares en ganancias para unos pocos y desconocidos inversores iniciales a costa de quienes siguieron el mensaje de la cuenta presidencial”.
Democracia para Siempre propone que la comisión esté integrada por 15 diputados y que sea presidida por el partido opositor con mayor cantidad de legisladores (en este caso, Unión por la Patria). El proyecto, encabezado por el diputado Pablo Juliano, le da al cuerpo tres meses desde su conformación para producir “sus informes, dictámenes y conclusiones”.
“Si como consecuencia de la investigación, o en el transcurso de ésta, se advirtieran supuestos de mal desempeño o delitos de acción pública, la comisión deberá promover los procesos de remoción o formular las pertinentes denuncias penales”, indica el proyecto.
La Coalición Cívica de Elisa Carrió también es partidaria de crear una comisión investigadora “con las facultades necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”, según señaló el presidente del partido, Maximiliano Ferraro. Para el diputado, “el presidente podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar”.
En Encuentro Federal, los diputados que no quieren ir por el juicio político optaron por presentar un pedido de informes al Ministerio de Economía, al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera. Incluye un total de 23 preguntas donde buscan determinar qué funcionarios o asesores participaron en la estrategia de difusión de la criptomoneda, si existieron contactos previos entre los promotores del token y el entorno del Gobierno, y si allegados al oficialismo obtuvieron beneficios económicos.
“Ojalá pronto tengamos respuestas. No se trata solo de la credibilidad de una persona, sino de la credibilidad de un país; el nuestro frente al mundo”, sostuvo el cordobés Oscar Agost Carreño, quien presentó el proyecto junto al propio Pichetto y otros integrantes de Encuentro Federal. Los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora no acompañaron el pedido de informes ni impulsaron, hasta el momento, ninguna otra iniciativa.
Por último, el Frente de Izquierda salió a pedir, a través del diputado Nicolás Del Caño, que Milei sea interpelado en el Congreso “para brindar informes verbales acerca de la escandalosa promoción de una estafa millonaria desde sus redes sociales acaecida el pasado viernes 14 de febrero”. En su proyecto de resolución, solicitan que el evento se transmita por cadena nacional.
El PRO y la UCR son los dos principales bloques que, hasta el momento, no promovieron ninguna iniciativa parlamentaria. “Urgen aclaraciones oficiales, sino será el Parlamento quien deberá posicionarse al respecto”, amenazó el bloque de De Loredo. El macrismo, por su parte, pidió investigar el caso “a fondo” y apuntó, sugestivamente, contra “la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial”.
Senado
En el Senado, la polémica cripto puso entre signos de interrogación el desenlace de la actividad prevista para esta semana. En principio, el miércoles a las 15 está convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo, para tratar la Ficha Limpia, aprobada la semana pasada en Diputados. El proyecto es acompañado por la oposición dialoguista, pero Unión por la Patria busca bloquearlo.
La duda más grande es qué sucederá con la sesión que la vicepresidenta Victoria Villarruel pensaba convocar para el jueves, con el fin de tratar la suspensión de las PASO y los proyectos de reincidencia y reiterancia, y de juicio en ausencia. Abrir el recinto representa para el oficialismo el riesgo de darle tribuna a la oposición para que descargue sus críticas contra Milei.
La incertidumbre llega más alto y también alcanza la suerte del pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Para lograr los dos tercios de los votos necesarios, La Libertad Avanza necesita acarrear al menos a una porción de Unión por la Patria. Hasta antes del episodio $LIBRA, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguraba que los votos todavía no estaban garantizados.
