A raíz de los saqueos y robos que se registraron en los últimos días en diferentes comercios y supermercados, el Gobierno decidió que se le quite los beneficios de los planes sociales a quienes protagonizaron los hechos de vandalismo.
Previo a este anuncio, ya había formalizado un beneficio de $7 millones destinado a las víctimas de los saqueos.
Las disposiciones ya habían sido publicadas este viernes en el Boletín Oficial, en donde el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, le solicitó a su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que realice el retiro de los beneficios sociales a quienes participaron de los saqueos.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber que he dispuesto el otorgamiento de un aporte no reintegrable de siete millones de pesos a los comerciantes que resultaran víctimas de los robos en poblado y en banda ocurridos la semana pasada”, da comienzo el comunicado.
“En mérito a ello y atento al esfuerzo económico que hace el gobierno en relación a estos sucesos, es que le solicito, tenga a bien proceder a la suspensión del beneficio social asignado a las personas que hayan sido imputadas en las diferentes causas por la comisión de los delitos descriptos”, continua el mismo.
El propio Massa ya había anticipado la medida desde Washington el miércoles pasado: “Creemos que la gente de trabajo que es víctima de un delito necesita del Estado en su capacidad de respuesta y protección”, había comentado.
“Hay dos planos para mirar. Uno es el de los delincuentes y la causa u origen de ese delito. En este sentido, será responsabilidad de jueces y fiscales buscar si se trata de simples delincuentes o delincuentes instigados. Hay un segundo plano que es el de la gente de laburo, el comerciante y el supermercadista que de alguna manera trabaja todos los días y fue víctima de un delito”, continuó.
En ese sentido, Massa además formuló: “Le pedimos a la Secretaría de Legal y Técnica del ministerio de Economía que arme un equipo de seguimiento, porque lo que no nos puede pasar es que esos delincuentes que arrebataron un comercio o un supermercado entren por una puerta y salgan por la otra en una comisaría. Vamos a estar controlando a esos jueces y a esos fiscales para ver si aplican el código penal con su plenitud, porque esto es robo en poblado y en banda, porque hay un ataque a la propiedad privada”.