A través del Decreto 70/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, marcando un cambio en la política habitacional del país. La medida fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien la enmarcó dentro de lo que denominó la “Motosierra 2.0”.
Los cambios que establece el decreto
El decreto dispone la eliminación de la Secretaría y de sus subsecretarías dependientes. Como parte de la reorganización, la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana pasará a formar parte de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, que asume nuevas responsabilidades en políticas de infraestructura habitacional y regularización del suelo.
Según Sturzenegger, el objetivo de la medida es reducir el rol del Estado en la construcción de viviendas, señalando que los programas previos favorecían el clientelismo y la corrupción. En su lugar, el ministro defiende la necesidad de “una macroeconomía ordenada y un Estado más pequeño que libere recursos para fomentar el crédito privado a la vivienda”.
El déficit habitacional en Argentina y la visión de los especialistas
Datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) indican que en 2010 el déficit habitacional afectaba a 3,9 millones de hogares (32,3% del total), de los cuales 1,3 millones necesitaban una vivienda nueva. La situación se ha agravado en los últimos años. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, al tercer trimestre de 2024, más de 4,4 millones de hogares vivían en condiciones de hacinamiento.
Juan Maquieyra, director de TECHO Argentina, advirtió que “la integración socio-urbana requiere inversión estatal, ya que el sector privado no ofrece soluciones para los sectores de menores ingresos”. En la misma línea, Catalina Marino, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), alertó sobre la falta de una “propuesta integral y progresiva” por parte del Estado para abordar el problema habitacional.
Por su parte, Cynthia Goytia, especialista en economía urbana y vivienda, destacó que “la intervención estatal es clave para garantizar el acceso a la vivienda, ya que influye en la reducción de la pobreza, el rendimiento escolar y las oportunidades de ingreso”.
Según datos del INDEC, el 40% de los hogares argentinos no tiene vivienda propia, y la falta de alternativas de financiamiento accesibles podría agravar esta situación.
Con información de Chequeado.
