La definición sobre el Presupuesto 2023 empieza a dejar algunos claros y otras dudas dentro del Gobierno de cara a la votación que se llevará en el Congreso. Es que ante las presiones de la oposición, terminaron aceptando sus condiciones y ahora las miradas se vuelcan sobre el sector más duro del Frente de Todos que podría, nuevamente, dejar atrás la iniciativa.
La intención del Gobierno es que el Presupuesto sea aprobado en comisiones este jueves y el próximo miércoles comenzar a tratarlo en recinto, lo que puede significar una nueva jornada de golpes para Alberto Fernández y compañía.
Si bien las negociaciones con la oposición parece que van encaminadas, después de las gestiones de Carlos Heller, ahora el problema del transporte parece haberse metido como una piedra en el camino y que el oficialismo deberá resolver cuanto antes.
De hecho, el Frente de Todos aceptó el congelamiento de la administración pública como también la denominada cláusula gatillo. En ese sentido, se acordó que si al finalizar el segundo cuatrimestre del ejercicio, al 31 de agosto de 2023, la tasa de inflación interanual superara en 10 % la meta establecida (de 60%) o si los ingresos del sector público están un 10 % por encima de lo previsto para el periodo acumulado, el Gobierno enviará una Ley Complementaria al Congreso.
Otro de los puntos que se acordó tiene que ver con un artículo que habilita al ministerio del Interior a “condonar las deudas por intereses contraídas por los municipios”. Aquí sólo había una diferencia de redacción porque el proyecto establecía que esta facultad podrá ser ejercida desde la sanción de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2023, pero Juntos por el Cambios logró reemplazar “podrá” por “deberá”, para evitar así cualquier discrecionalidad.
El Gobierno insistió con prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 la emergencia alimentaria, pero la oposición tiene algunas observaciones porque se comprometen recursos de ejercicios futuros sin tener estimación de cómo se van aplicar. Sobre el tema retenciones hubo cierto entendimiento para ajustarse a los porcentajes actuales con la posibilidad de bajar las alícuotas, mientras que la oposición pidió una rebaja por 5 años y una alícuota de 30 % para la soja.
