Cristina Kirchner y Alberto Fernández bloquean la designación de casi cien magistrados

Cristina Kirchner está preocupada por el destino de la Justicia y sigue manteniendo su cruzada para ganar más sillones en el Consejo de la Magistratura.

Este organismo tiene la responsabilidad de designar jueces y también de sancionarlos, en caso de mal desempeño, es por eso que todas las miradas están puestas en él.

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En el Senado que ella preside, hay 38 pliegos de jueces que nunca avanzaron para su designación, incrementando los cargos vacantes lo que repercute inmediatamente en la administración de justicia. En tanto, el presidente Alberto Fernández tiene 53 ternas que resolver y enviar al Senado.

Como el Gobierno no logró avanzar con una nueva ley para el Consejo de la Magistratura, el pasado 15 de abril en función de los plazos establecidos por la Corte, asumió la presidencia Horacio Rosatti, funcionando así con 18 miembros.

Resta resolver la situación de los dos integrantes en representación del Congreso, situación judicializada.

Los números de la Justicia

Las cifras oficiales expusieron una situación que está invisibilizada. Un tercio del Poder Judicial se encuentra vacante, es decir, juzgados nacionales y federales de todo el país se encuentran sin un juez titular. En números, son 246 cargos.

De ese universos de sillones sin cubrir, hay en el Consejo 150 vacantes, más 67 en trámite. Pero en el Senado que preside Cristina Kirchner ya hay 38 pliegos para que sean votados y así poder cubrir esos cargos para ir cubriendo ese vacío.

Estos puestos de jueces de diferentes instancias, no requieren una mayoría especial (dos tercios del Senado). La oposición criticó ese retraso en diversas oportunidades poniendo en duda el real interés de Cristina Kirchner sobre el funcionamiento de la justicia.

Esos 38 pliegos que consta en la información oficial y que fue confirmada por el Consejo de la Magistratura, cuenta con cargos de instancias que son de interés para la ciudadanía, por fuera de lo que ocurre en Comodoro Py que es el fuero responsable de investigar la corrupción.

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