Mientras el capítulo laboral del “mega” DNU 70/23 está trabado en la Justicia y el apartado de la Ley Bases sigue sin ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, en la Cámara de Diputados avanza una reforma sindical que, entre sus principales puntos, impide las reelecciones indefinidas de los secretarios generales y elimina las “cuotas solidarias” que las entidades cobran a los trabajadores no afiliados a través de los convenios colectivos.
Pese al rechazo de la CGT, que quedó plasmado en una reunión realizada este jueves, la Comisión de Legislación del Trabajo, que conduce el economista Martín Tetaz (UCR), se encamina a dictaminar sobre un texto consensuado en base a 27 iniciativas de La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.
“Estamos muy cerca de dictaminar. La semana que viene habrá un trabajo de converger en los dictámenes”, adelantó a este medio el diputado Tetaz, quien ya organizó tres reuniones informativas con invitados y se muestra confiado en alcanzar un consenso con los bloques dialoguistas para llevar el tema próximamente al recinto.
En el último encuentro, Héctor Daer y Carlos Acuña llevaron el rechazo de la CGT junto a Sonia Alesso, de Ctera. El primero advirtió que “el único objetivo” de los proyectos es “el debilitamiento de las organizaciones sindicales”, algo que “jamás es bueno para los trabajadores”.
“Hay muchas cosas que rozan derechos internacionales, nuestra Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Es una mirada sesgada, prejuiciosa e inoportuna hacia el poder real de los trabajadores”, planteó Daer en una reunión donde también expusieron abogados laboralistas, académicos y representantes de asociaciones civiles.
Puntos principales
Según explicó Tetaz a este medio, hay un alto grado de consenso alrededor de cuatro aspectos: acotar las reelecciones de los sindicalistas; asegurar la participación de las minorías en los órganos directivos; limitar “cualquier descuento que se efectúa en los recibos de sueldo sin el visto bueno previo del trabajador”; y “avanzar hacia mayor transparencia” en cuanto a los fondos que manejan los sindicatos y el patrimonio de sus líderes.
“Sobre esa línea hay un consenso bastante grande y puede tener un dictamen mayoritario pronto”, insistió el legislador.
La permanencia de los “popes” sindicales en el poder es una discusión siempre recurrente, que fue alentada por el propio presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias este año en el Congreso. Según un relevamiento realizado por Infobae en marzo, al menos 13 dirigentes sindicales llevan 30 años o más al frente de sus gremios; otros cuatro, 20 años o más; y media docena están en su cargo más de una década. Entre los primeros figuran Luis Barrionuevo (Gastronómicos) y Rodolfo Daer (Alimentación) con 39 años; y Armando Cavalieri (Comercio) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) con 38.
En la comisión hay distintas propuestas, que en su mayoría hablan de mandatos de cuatro años, con posibilidad de una reelección. Tetaz alienta esa fórmula de dos mandatos máximos, sin importar si son continuados o interrumpidos.
Daer se opuso a esta modificación. “La alternancia democrática es un valor en sí mismo, pero no puede ser utilizada para el vaciamiento de las organizaciones sindicales. Porque este es el tema de fondo: nos vamos quedando sin delegados en las empresas, sin representaciones”, alertó, y consideró que “cada organización sindical tiene los mecanismos para generar sus estatutos y normas”.
En el mismo sentido se expresó Hugo Yasky, diputado de Unión por la Patria y secretario general de la CTA de los Trabajadores. “A nadie se le ocurriría imponerle límites a la reelección de (Daniel) Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina); ni decirle a la Sociedad Rural que rote los mandatos, o que tenga representación de género o de las minorías en su órgano de conducción; ni decirle a (Marcos) Galperín (Mercado Libre) o a Paolo Rocca (Techint) que se van a poner reglas a las cámaras empresarias. No seamos hipócritas; quieren una doble vara”, advirtió en diálogo con este medio.
Por otra parte, se busca eliminar las contribuciones solidarias que están obligados a pagar los trabajadores no afiliados en el marco de los convenios colectivos. El radicalismo había intentado avanzar en esta reforma dentro de la Ley Bases, pero no lo consiguió. Daer defendió esos aportes y detalló que existen en muchos países del mundo, “hasta Estados Unidos”.
“La negociación colectiva es una negociación en espejo: de la misma manera que se pretende desarticular la relación entre una organización signataria de convenio y un no afiliado, una empresa podría decir que no pertenece a la cámara signataria de convenio, entonces en su empresa no habría convenio colectivo de trabajo. Ese es el fundamento final: desactivar la relación que existe entre unos y otros”, cuestionó el cegetista.
Daer también objetó la participación de las minorías en los órganos directivos. “Imaginen si el presidente de la Nación, que ganó la elección en tercios, tiene que repartir su gabinete en tercios”, comparó. Uno de los proyectos, de la radical Roxana Reyes, establece que debe reservarse un tercio para la minoría “siempre que ésta alcance el 25% de los votos emitidos”.
El último punto sobre el que Tetaz avizora un acuerdo es la transparencia de los fondos que manejan tanto los sindicatos como sus responsables. En ese sentido, otra de las iniciativas de la UCR, encabezada por Fabio Quetglas, obliga a la presentación de declaraciones juradas patrimoniales por parte de los secretarios generales y sus familiares hasta cuarto grado; la publicación obligatoria de informes financieros de los gremios, incluyendo sus obras sociales; y auditorías regulares y obligatorias sobre éstas por parte de la AGN (Auditoría General de la Nación).
