La investigación internacional de nominada “Operativo Luz de Infancia” está dedicada a desbaratar redes que trafican imágenes y videos de abuso sexual infantil. Al momento, 66 personas fueron detenidas y la mayoría de las detenciones se realizaron en Argentina. Le sigue Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Ecuador y Costa Rica.
La producción, financiación, ofrecimiento, comercialización, distribución, entre otros, son parte de la cadena de la pornografía infantil. Esta se ataca en el país desde que la persona tiene en su poder el material. La tenencia de estas imágenes se incluyó en el Código Penal en el 2019, dado que es una parte fundamental para las redes por las que circulan este tipo de archivos.
“Lamentablemente Argentina es uno de los países con mayor consumo de explotación sexual infantil”, señala el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, en una conferencia de prensa que se realizó este jueves en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño.
En nuestro país, se hicieron 70 allanamientos: 15 fueron en la Ciudad, 18 en la provincia de Buenos Aires, y el resto estuvo distribuido en en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Chaco, San Juan, Misiones, Neuquén, Salta, Formosa, Jujuy y La Pampa.
“La mayor cantidad de estos materiales se encuentran por lo general en la provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba”, indica la fiscal especializada en Delitos Informáticos, Daniela Dupuy.
Los allanamientos se hicieron luego de que el software P2P (peer to peer o red entre pares) captara a usuarios descargando y compartiendo material con contenido de explotación sexual infantil. Fue en el marco de la investigación Protected Childhood que fue iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil en 2017.
Todas las acciones que se desarollan en ese contexto son llamadas “Operativo Luz de Infancia”. Los allanamientos informados este jueves corresponden al operativo “Luz de Infancia IX”, que comenzó hace menos de tres meses.
“El operativo permitió desarticular esta red de perversos en el que se secuestraron muchos dispositivos electrónicos y teléfonos que luego serán peritados”, destacó el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. “Es muy importante que esto se visibilice porque necesitamos que la gente denuncie”, subrayó.
Las particularidades del caso que se investiga
“Esta operación tiene una particularidad: todos los archivos que dispararon los allanamientos son child notable, es decir, son producciones caseras de abuso sexual”, explica Dupuy. “Se averigua quién produjo el contenido, si lo hizo la persona allanada o si lo recibió de otro y si la distribuye”, puntualizó.
Hasta la tarde de este jueves, se había concluido el 50% de los procedimientos del operativo: se secuestraron 117 celulares, 54 notebooks, 40 PCs y 29 tablets.
Además, entre los elementos secuestrados había “dibujos que parecen ser de niños”, es decir, que los detenidos podrían vivir con hijos menores de edad. “Priorizamos el análisis de las computadoras y celulares de personas que convivan con niños”, especificó. Entre el análisis que hacen, comparan las imágenes de los dispositivos y del software P2P para detectar si algún video o foto tiene como víctima a los hijos de los allanados.
“Muchos casos comienzan como este por distribución, facilitación de imágenes y videos, y cuando se analizan los dispositivos se detectan que se comete el delito de grooming (mayores de edad acosan a niños al enviarles contenidos sexuales)”. Y agregó: “Se detectan, en un alto porcentaje, casos de abuso sexual, y a veces es intrafamiliar”.
Los detenidos aun no fueron indagados. En tanto, los fiscales continúan enviando las pruebas a los juzgados.
El perfil del abusador
Una buena parte de quienes componen las redes de tráfico de material de abuso sexual infantil, “tiene algún contacto continuo con niños o adolescentes por su trabajo”. Muchos “son profesionales o profesores que tienen una formación académica”, puntualiz Dupuy. Asimismo, destaca que se dan estas situaciones cuando hay abuso de poder, por ejemplo entre un maestro y su alumno, o entre un pediatra y un paciente.
Fue en el marco de estos operativos, en 2019, que el expediatra del Hospital Garrahan Ricardo Russo resultó condenado a ocho años y medio de prisión por producir y distribuir fotos y videos de explotación sexual de menores. La acusación estuvo a cargo de Dupuy.
“Al ser el abusador un referente, genera duda en la víctima”, indica. A su vez, reconoce que en muchos de estos casos son los padres o tíos los que abusan de los niños: “Acabamos de detener a un tío que abusaba de sus dos sobrinos”, dice la fiscal.
Según su experiencia, considera que “la persona que consume estos archivos, consume mucho, pero siempre diferente”. Esto hace que la demanda sea alta y se genere oferta, y como consecuencia se produzca más material.
En los países donde se comercializa es más fácil detectar los casos, pero en Argentina es gratis, ya que se trata de “intercambio de material”. “No quiere decir que no se lucre después al venderlo en la deep web, pero en la Internet superficial no se paga”, explica.
Las personas que cometen estos delitos, por lo general, lo repiten. Por ello, la fiscal asegura que es muy importante que se haya tipificado la tenencia de pornografía infantil.
Sobre cómo hacen para no ser identificados, señaló: “Enmascaran sus IP y hacen la actividad en la dark o deep web, donde facilitan el contenido, como si fuera el Ares (página para descargarse música), donde hay códigos para recibir y entregar estos archivos”. Otros, menos menos sofisticados, actúan con total impunidad.
